A falta de un descarte tajante por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el sistema fiscal propio para Cataluña podría tener hueco en el futuro. «Ya me he manifestado sobre ello, pero para que quede claro, el modelo de financiación que quiere aprobar el Gobierno tiene que garantizar en todos los territorios la suficiencia de recursos». Y con eso, la lectura puede hacerse a conveniencia de cada uno, porque tiene la suficiente ambigüedad como para que la Generalitat puede tirar de ese hilo y siga exigiendo que se cumplan sus exigencias.
En este sentido, y durante la presentación de la ejecución presupuestaria de 2023, Montero sólo ha exigido que el futuro sistema de financiación tendrá que garantizar que «todas las comunidades autónomas dispongan de recursos para prestar servicios de calidad en el territorio vivan donde vivan y tengan un alto o un bajo nivel de renta», algo que no es incompatible con la propuesta catalana-. Eso sí, al menos sí que ha puesto pegas, aunque no con demasiado énfasis, a que en el modelo «debe garantizar los recursos en territorios con menor capacidad recaudatoria».
La ministra ha defendido al menos que el modelo debe estar «en el marco de la Constitución y de los propios estatutos de autonomía», pero esa es una horquilla que se ha demostrado que tiene mucho margen para encajarlo. Aunque Montero no comparte el modelo tributario propuesto por el todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para crear su ansiado cupo catalán, sí ha reiterado que no romperá el sistema de financiación autonómica en vigor para que Cataluña tenga un régimen propio al margen del Régimen Común. Lo que no ha desechado del todo es un modelo «ad hoc» y en una negociación bilateral de ambos ejecutivos, como pide el Govern, y sólo ha apuntado que «el sistema de financiación se tiene que generar con todas las comunidades del Régimen Común y deberá ser multilateral. La bilateralidad ya la tengo con todas las autonomías”.
Pese a la insistencia de los periodistas en que rechazara con claridad las exigencias de Aragonés en materia fiscal, Montero ha desviado la atención hacia la negociación de la financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pese a que la Generalitat exige condiciones y privilegios especiales al margen de esta institución, pero sin negar tajantemente que la posibilidad de la creación de una Hacienda catalana se pueda producir.
Por otra parte, preguntada por el impacto de la sentencia del Constitucional que declaraba inconstitucional varias medidas del Gobierno de Mariano Rajoy para subir la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, Montero ha señalado que aún no cuenta con cifras concretas. No obstante, ha criticado que algunas de las medidas que «improvisó» el Gobierno de Rajoy y el ministro Montoro «están teniendo un alto coste para la Hacienda Pública. Un día de estos seguro que podremos tener ocasión de transmitir qué coste ha tenido para el actual Gobierno muchas de las medidas que se han declarado ilegales o, al menos, no conforme a la legalidad, por parte del Gobierno del señor Montoro».
