La economía de nuestro país tiene varios retos por delante para que el crecimiento de su PIB no se fundamente en el consumo o gasto público y, en la suerte de las exportaciones que vienen del turismo. Así lo ha corroborado este martes el Banco de España en un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Retos entre los cuales, además de la productividad, el tamaño de las empresas, las altas tasas de desempleo o el mercado de la vivienda, entre otros, se encuentra el envejecimiento de su población, y por ende, el reducido número de jóvenes en la pirámide demográfica que más tarde habrá de soportar el peso del sistema de pensiones públicas gracias a sus cotizaciones en el trabajo.
Así, y teniendo en cuenta que España en uno de los países que mayor volumen de flujos migratorios tienen, la institución gobernado por Pablo Hernández de Cos hace un cálculo que determina que nuestro país deberá contar al menos con 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar, hasta el año 2053, para resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español.
Para que la tasa de dependencia en 2053 permanezca en el 26,6% de ahora -sostiene el órgano regulador-, dado que los mayores de 66 años proyectados por el INE se cifran en 14.847.105, se necesitaría un colectivo entre 16 y 66 años de 55.897.931. Por tanto, y según los supuestos del INE, en 2053, habría 12.355.237 nacidos fuera entre 16 y 65 años y 18.870.103 nacidos en España, por lo que si se mantiene este último número se requeriría que en 2053 hubiera 37.027.828 personas nacidas fuera entre 16 y 65 años. Es decir, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Esto no es una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España (flujo), sino en cuanto debería haber aumentado el stock en esa fecha.
Tal y como rubrica el Banco de España, en los últimos años, los trabajadores extranjeros habrían contribuido a reducir, al menos en parte, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo que se habrían observado en ciertas ocupaciones —especialmente en las de bajo nivel de cualificación—.
Sin embargo -anticipa el BDE-, sin cambios significativos en la naturaleza de los flujos migratorios, no parece probable que dichos flujos puedan resolver completamente los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo que podrían producirse en los próximos años en el mercado laboral español. Pues -señala-, hay por delante otros retos de nuestra economía como son los cambios tecnológicos en curso y la transición ecológica podrían incrementar de forma muy apreciable la demanda de trabajo altamente cualificado (para un mayor detalle sobre los retos que estos cambios implican para las políticas de empleo de nuestro país, véase el capítulo 3 de este Informe).
A este respecto, el Banco de España resalta en su informe anual las diferencias importantes que existen, en el ámbito laboral, entre el colectivo de extranjeros y el de nacionales.
Por un lado, la tasa de participación, donde los inmigrantes tienen altas tasas de participación laboral, generalmente por encima de las de los nativos —en 2022, 70% y 56,5%, respectivamente—. En este sentido, los flujos migratorios proyectados por el INE para los próximos 10 años podrían elevar la participación laboral en nuestro país en 1,6%.
Por otra parte, si bien la tasa de paro es superior en el caso de los extranjeros, esta diferencia se ha reducido a la mitad desde la crisis financiera.
Relación entre ocupación y educación
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa -recoge el informe al que ha accedido este diario-, «a finales de 2023, dentro del colectivo de extranjeros que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80% de aquellos en edad de trabajar no tenían estudios universitarios y más del 70% trabajaban en actividades de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería. Estos porcentajes son similares a los que se observaban en 2008, del 87,4% y el 60,4%, respectivamente».
Estas cifras -indican el órgano regulador- «contrastan con las que se registran en el caso de los nativos, entre los cuales menos del 29% trabajaba en ocupaciones de baja cualificación en 2023».
Además -añade-, entre el colectivo de personas nacidas en España que emigran es especialmente elevada la incidencia de aquellas con estudios universitarios, que representaban en torno al 60% del total en 2022.
Con estos resultados, y ante estos retos, el Banco de España plantea una serie de actuaciones para abordar el envejecimiento de la población.
Actuaciones
Unas actuaciones que pasan por mediar sobre el contexto del mercado laboral, promoviendo, la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad, reforzando la formación continua y las políticas activas y pasivas de empleo y, realizando un seguimiento continuo de la capacidad de las nuevas políticas migratorias para aliviar de manera efectiva los desajustes que se produzcan en el mercado laboral.
Respecto a estas nuevas políticas migratorias, el Banco de España destaca la reforma de la Ley de Extranjería, «una norma que flexibiliza el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, facilita la entrada de emprendedores desde el extranjero, incorpora la formación en la figura de arraigo y, -mantiene- posibilita el acceso al mercado laboral de los estudiantes extranjeros. Por otro lado -sustancia- en los últimos años el Gobierno ha venido firmando diversos acuerdos migratorios con distintos países. Entre ellos, destaca el acuerdo suscrito en 2023 entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México y España para promover la migración regular desde América Central y del Sur».
En materia fiscal, como parte de este proceso, será necesario -indica el Banco de España- «evaluar de manera continua y rigurosa la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, toda vez que el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en el mismo desde 2021 apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo».
Finalmente, y en lo que afecta a la fecundidad, el BdE mantiene que «sería conveniente evaluar en qué medida algunas de las actuaciones públicas desplegadas recientemente en este ámbito serían capaces de modificar, de forma apreciable, las dinámicas de la fecundidad en España en los próximos años».
