En la lista de comparecientes en la Comisión del Caso Koldo en el Congreso de los Diputados, que el PSOE pactó con sus socios durante este martes, figuraban varios fiscales que iban desde el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi. Unos nombres que, pese al acuerdo de los grupos parlamentarios, al final no serán citados a declarar según fuentes parlamentarias y gubernamentales tras las quejas de varios miembros del Ministerio Fiscal a García Ortiz.
El primero en trasladar ese malestar fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que, desde Valencia, afirmaba que «no tiene ningún sentido» que jueces y fiscales declaren en comisiones de investigaciones parlamentarias. Desde ese momento, el grupo parlamentario se ha puesto a buscar la fórmula para evitar que testifiquen en la Comisión de Investigación. Fuentes parlamentarios aseguran que, de momento, no están citados y sólo figuran en una lista. «Ya veremos cómo se hace«, argumentan desde el partido. Todo queda ahora a merced de la Mesa del Congreso, que es la que establece los plazos y las fechas de las 134 comparecencias solicitadas.
En el Gobierno añaden que «no es que no se pueda llamar a fiscales» sino que «no se puede si están instruyendo un caso». Tanto la Fiscalía Europea como la de Anticorrupción siguen recabando más datos sobre el caso Koldo y es improbable que finalice su instrucción antes de los cuatro meses que durará la Comisión de Investigación.
Otros antecedentes
Durante los últimos años, los socios del PSOE, en especial ERC, Podemos y Junts, no han ocultado que tienen ganas de citar en diferentes Comisiones de Investigación a magistrados que han instruido causas contra sus partidos para señalarles y evaluar su trabajo. Es lo que han dado en llamar lawfare. Un concepto importado de América Latina, que permite acusarles de «guerra judicial».
La citación de varios fiscales en la Comisión del Caso Koldo podría sentar un precedente de cara las otras Investigaciones que están abiertas en el Congreso, como la de la Operación Cataluña, y en la que el PSOE, de momento, ha declinado citar a los magistrados. De ahí, las críticas del PP.
«Es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaños hayan dicho, por activa y por pasiva, que ningún fiscal, ni ningún juez compareciese en Comisiones de Investigación en el Congreso y ayer hayan firmado la comparecencia de varios fiscales«, aseguraba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien tildaba de «anomalía democrática» lo que se está viviendo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial no establece ninguna prohibición expresa respecto a la comparecencia de jueces y fiscales en comisiones de investigación, pero en su artículo 396 asegura que «no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones».
De hecho, en la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11-M, celebrada en 2004, compareció el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Unos días más tarde, fue el turno del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Asturias, Gerardo Herrero, que no aportó más datos sobre la trama de la dinamita de Mina Conchita porque era «una causa judicial abierta». Es decir, fue citado pero no aportó más información.
