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Los fiscales denuncian una «operación de blanqueamiento» al Gobierno y a García Ortiz con las citaciones del caso Koldo

Los fiscales denuncian una «operación de blanqueamiento» al Gobierno de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con las citaciones en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso. El PSOE solicitó la citación de tres fiscales en la citada comisión: el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, el fiscal de la Fiscalía Europea Ignacio de Lucas y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea Codruta Kovesi.

García Ortiz pedía este miércoles por carta al presidente de la comisión de investigación que reconsiderase la decisión de citar al fiscal jefe Anticorrupción. Horas después, el ministro de Justicia Félix Bolaños afirmaba que la citación de fiscales de su propia formación «no tiene sentido». En la misma línea, la ministra de Defensa Margarita Robles no la veía «adecuada». Finalmente, los socialistas anunciaban su intención de evitar la citación de dichos fiscales.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que «todo obedece a una operación para blanquear al Ejecutivo y presentarlo como un defensor de la independencia judicial tras haber avalado hace meses la creación de comisiones de investigación para citar a jueces por supuesto ‘lawfare’. Dicho blanqueamiento se extiende al fiscal general del Estado tras sus recientes polémicas protagonizadas en el caso de la filtración del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, su pasividad ante la Ley de amnistía o la investigación al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democrátic».

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que «no tiene sentido que el PSOE anuncie una lista de citaciones y que horas después los ministros del mismo partido salgan públicamente a cuestionarlas y criticarlas haciéndose los estupendos y los adalides de la independencia judicial que tanto han erosionado. No hay que olvidar que esta operación de blanqueamiento se produce a las puertas de unas elecciones autonómicas vascas y catalanas y de los próximo comicios en Europa».

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo tildaba de «anomalía democrática» lo que se está viviendo y señalaba que «es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaños hayan dicho, por activa y por pasiva, que ningún fiscal, ni ningún juez compareciese en Comisiones de Investigación en el Congreso y ayer hayan firmado la comparecencia de varios fiscales«.

Recordamos que la comisión del Congreso que investigará presuntas irregularidades en contratos de material sanitario cometidas por las administraciones durante la pandemia y que empezará por el llamado caso Koldo inicia sus primeras comparecencias el lunes, 22 de abril. En total serán citadas 134 personas. Entre ellas, ministros y exministros socialistas desfilarán por la comisión del Congreso, como Salvador Illa, que es también el candidato del PSC en las elecciones catalanas, o el de política Territorial, Ángel Víctor Torres, además de José Luis Ábalos y su exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García.

También altos dirigentes políticos del PP como los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

La AF denuncia la instrumentalización política

La Asociación de Fiscales (AF) afirma en un comunicado que «el anuncio de la citación para comparecer en la Comisión de Investigación Contratos COVID del Congreso de Alejandro Luzón (Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción), Ignacio de Lucas (Fiscal Europeo en representación de España), Laura Codruța Kövesi (Fiscal General Europea) y Ville Itälä (Director General de la Oficina europea de lucha contra el fraude) pretende instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción».

«La intervención de un poder del estado en la actuación de órganos que deben ser independientes se produce en perjuicio de los presupuestos del estado de derecho y quebranta principios esenciales del derecho español y el de la Unión Europea. La asociación de Fiscales viene llamando la atención de las instituciones de la Unión Europea y de la opinión pública española de ataques interesados políticamente a fiscales y jueces», concluye.