El blanqueamiento social y político tanto del terrorismo de ETA como de la coalición electoral EH Bildu, que acoge en su seno a Sortu, el partido heredero de HB-EH-Batasuna, ha sido una consecuencia directa de la política de los gobiernos dirigidos por José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Todo ello con el apoyo de otros partidos políticos como el PNV y la labor de una parte de los medios de comunicación social.
Ésa es la conclusión que obtiene el estudio «La legitimación democrática de ETA: causas, responsables y consecuencias«, elaborado por CEU-CEFAS, el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad San Pablo CEU. Un documento coordinado por María San Gil (exPP vasco) y elaborado por el Carlos Urquijo (exdelegado del Gobierno en el País Vasco), Rogelio Alonso (catedrático de Ciencia Política) y Fernando Lázaro (periodista de El Mundo).
El documento sitúa como el punto de inflexión de todo el proceso la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) al Palacio de La Moncloa. Momento en el que se deja de lado oficialmente la política que había mantenido el Gobierno de José María Aznar de acabar con ETA a través de la presión policial, judicial y política, utilizando para esto último la creación de la Ley de Partidos.
Se inició una negociación política que sirvió para empezar a blanquear a ETA y a deslegitimar la democracia española: «El modelo de final del terrorismo que esa negociación puso en marcha contribuyó a la deslegitimación de la democracia al legitimar como interlocutores a quienes usaban la violencia. No solo se negoció con ellos precisamente porque utilizaban el terrorismo. Al mismo tiempo, para legitimar esa negociación se deslegitimó a quienes se oponían a ella».
«Este proceso revertió la deslegitimación de los terroristas y de sus representantes políticos, que había constituido una parte decisiva de las políticas antiterroristas responsables de su debilitamiento. Permitió a ETA la rehabilitación política y social del entorno terrorista, auténtico poder fáctico y cómplice necesario del terrorismo nacionalista», dice el documento elaborado por la Universidad San Pablo CEU.
Zapatero «regaló» una «salida airosa» a ETA
Destaca que la negoción política de Zapatero «regaló» a ETA una «salida airosa» que evitó que acabase «por su propio colapso» como podría haber sucedido. Un método que contó con el apoyo del PNV, que durante los cincuenta años de terrorismo en España buscó un final del mismo «sin vencedores ni vencidos», de modo que el ideario nacionalista vasco no pudiese salir dañado del final de ETA.
A ello contribuyó asimismo que el Gobierno permitiese que el brazo político de ETA volviese a las instituciones democráticas –después de su salida por la Ley de Partidos– con la legalización de diferentes fórmulas electorales proetarras como fueron el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) para las elecciones autonómicas vascas de 2005 o Acción Nacionalista Vasca (ANV) para las elecciones municipales y forales de 2007.
El estudio recuerda que esa fue la «herencia envenenada» que el PP asumió cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones de 2011, pues continuó «con aspectos fundamentales de la política antiterrorista socialista que tanto criticó desde la oposición». «Temió que ETA volviera a asesinar si abandonaba esa continuidad que implicaba la satisfacción de exigencias negociadas entre los socialistas y ETA», dice el documento.
Entre esas exigencias, recuerda la legalización del brazo político de ETA, la derogación de la Doctrina Parot o la excarcelación del sanguinario terrorista Josu Uribetxeberria Bolinaga. Sobre esto último, destaca que el Gobierno de Rajoy sacara a María del Mar Blanco, hermana del edil de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, y entonces diputada del PP, a defender esa excarcelación por motivos humanitarios.
Durante ese periodo popular se avaló también la legalidad de Bildu y Sortu. «La legalización de Bildu y Sortu se produjo mediante el fraude de ley de un Tribunal Constitucional que sin competencia para ello neutralizó la ilegalización dictada por el Supremo, evidenciando un serio fallo de uno de los mecanismos de defensa del Estado más importantes, la prohibición de partidos», dice el estudio de la Universidad San Pablo CEU.
Pedro Sánchez profundizó el blanqueamiento
Acabo el análisis sobre qué sucedió durante el Gobierno de Rajoy, entra en materia con la etapa de Pedro Sánchez: «Los gobiernos de Pedro Sánchez, desde 2018, nada hicieron por revertir la legitimación implícita del terrorismo y la rehabilitación política y social de sus promotores iniciada por sus predecesores. Al contrario, profundizó dicha legitimación de los testaferros de ETA. Así fue normalizándose la desviación que suponía la normalización democrática de Bildu. Pero otros partidos políticos tampoco la impidieron».
Los autores del documento aseguran que «el Gobierno socialista eximió a Bildu de sus responsabilidades por el terrorismo con las repercusiones actuales: la institucionalización del brazo político de ETA, debilitando a la democracia al tratar como iguales a quienes evidentemente no lo son con el fin de mantener el poder». «Sánchez recogió los frutos sembrados por Zapatero«, añaden.
Se recuerda entonces los acuerdos políticos cerrados por el Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu como parte de su normalización política. Es más, también se incluyen algunos datos sobre un proceso en el seno del PSOE para dar una mayor legitimidad democrática a la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna-ETA que a los partidos de oposición democrática de la derecha política.
Entre ellos, se menciona, por ejemplo, un acuerdo sobre Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados donde se incluyó a Bildu y se excluyó a PP y Ciudadanos; o unas declaraciones del socialista Odón Elorza. «ETA desapareció, no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien (…) Aquí lo que hay son franquistas, unas derechas de vocación golpista», dijo en la Tribuna de la Cámara Baja en 2021 en el exalcalde socialista de San Sebastián.
«Si la fraudulenta legalización de los testaferros de ETA canceló injustamente su culpa criminal, no debería haber cancelado ninguna de las restantes. En cambio, la democracia española ha aceptado un final del terrorismo que rehuyó la derrota ideológica del terrorismo nacionalista y su imprescindible juicio político y moral. Estas son las raíces de una injusticia como lo es la rehabilitación de Bildu, banalizando así el asesinato», sentencia el estudio.
La responsabilidad de los periodistas
Los medios de comunicación no están exentos de responsabilidad en este blanqueamiento del terrorismo y de las formaciones herederas de HB-EH-Batasuna, según recoge el análisis: «No solo estamos inmersos en la batalla por la verdad, sino en el intento político/mediático de blanquear a la organización terrorista ETA, sobre todo para justificar su acercamiento al poder y su capacidad de influencia en el Gobierno actual».
«El intento de rebajar todas las informaciones y de blanquear el terrorismo y sus adláteres es claramente político. La sordina mediática está claramente condicionada por el poder proveniente de La Moncloa y sus socios. Las consignas de los dirigentes que rigen en España son defendidas por un porcentaje muy importante de medios de comunicación y de periodistas», expone el estudio.
«Hay imágenes muy recientes, en los últimos tres o cuatro años, de periodistas sonriendo y siendo afables con los socios abertzales del Gobierno que provocan el recelo claro con los medios de comunicación. La actitud de los periodistas está cada vez más ideologizada. Hablamos de una profesión donde lo progresista y lo moderno se impone al bien y a la verdad», continúa el documento.
«Denominar a ETA como una banda terrorista es algo políticamente incorrecto. Los que levantan aún la voz, pese al peso de las piedras del blanqueo, son catalogados como ultras y cavernícolas, que vivían mejor cuando había atentados terroristas. En este caso, la nueva visión del periodismo está muy alejada de lo que ha pasado y se compra el mensaje de la izquierda abertzale y del nacionalismo de que hubo dos bandos, de que había víctimas en los dos y de que todo era una reclamación política justa y democrática», sentencia el estudio.
