La tensión política pone a los funcionarios bajo la lupa

Lo ocurrido el 12 de Octubre en el Ayuntamiento de Badalona fue un acto de “escenificación política”, porque algunos concejales abrieron las puertas del consistorio, pero ningún empleado público trabajó ese día, coinciden los especialistas en Administración y Función Pública consultados sobre el caso en cuestión. Ahora bien, sí es una muestra de que las tensiones ideológicas se han trasladado a las administraciones y ponen en riesgo la neutralidad del cuerpo de funcionarios, los cuales pueden verse involucrados en situaciones en las que tengan que tomar partido, sostiene Javier Cuenca, uno de los máximos expertos en la materia en España y subdirector del Institut Valencià d’Administració Pública.

La batalla jurídico-política entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado por el proceso independentista ha hecho aflorar esta contradicción. “Pedimos que no nos inmiscuyan en peleas políticas, que dejen a los empleados públicos al margen”, remarca Carles Villalante, secretario de política institucional de la UGT.

En el caso de Badalona, los ediles recomendaron a los empleados dispuestos a trabajar, una minoría, que regresaran a casa. No podían garantizar su seguridad jurídica.

Existen otras situaciones delicadas con trabajadores públicos de por medio. El aún secretario general del Parlament, Pere Sol, un funcionario, recibió la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la suspensión de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent. Hace un año, los trabajadores de la Diputación de Barcelona mostraron su inquietud por la decisión de la institución, a raíz de una iniciativa de la CUP, de pagar el IRPF de sus nóminas a la Agència Tributària Catalana. La izquierda anticapitalista también defendió en una moción de abril que los Mossos d’Esquadra desobedecieran las órdenes del TC relativas al proceso.

En este sentido, el coordinador del área pública de CC.OO., Xesús González, destaca que el empleador “nunca puede dar órdenes al funcionario que contravengan la legalidad”, y a la vez “ha de respetar su independencia y derecho a la libertad de expresión”.

De todos modos, desde los sindicatos dudan que la administración catalana vaya a poner en peligro a los servidores públicos cuya propia naturaleza queda al margen de la pugna política. El Govern siempre ha defendido que los empleados públicos nunca tendrán que asumir eventuales consecuencias de sus decisiones. Aquí, el catedrático de Ciencias Políticas y ex irector de la Escola d’Administració Pública de Catalunya, Carles Ramió, considera que si el Govern lleva a cabo sus planes sobre la independencia de Catalunya, no podrá contar con los funcionarios en este proceso. “Habría una paradoja, porque ciertas cosas no se pueden hacer sólo desde el poder político, se necesitan empleados públicos que apliquen las medidas”, y sin embargo, “no puedes empujar a un funcionario a ir en contra de la legislación”.

Tanto Ramió como Javier Cuesta coinciden en que un cuerpo funcionarial “empoderado”, no precarizado y donde prime la meritocracia podrá garantizar mejor su independencia del poder político, sea del signo que sea. Una forma también de luchar contra la corrupción.