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Freixenet se enfrenta a un supuesto delito de alzamiento de bienes de 15 millones de euros

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El presidente de Freixenet, José Luis Bonet. (EFE)

Todo indica que a Freixenet le van a dar las navidades. El Juzgado de Instrucción nº 1 del municipio zaragozano de Daroca ha abierto diligencias por un presunto delito de “insolvencia punible por alzamiento de bienes” de 15 millones de euros.

La juez del caso ha imputado al vicepresidente de Freixenet, Enrique Hevia Ferrer y a los empresarios Tomás Nasarre Alfaro, Tomás Nasarre Gracia y José Trejo Marín. Desde 1999, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet Ferrer, es el presidente del Grupo Freixenet.

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Según la denuncia interpuesta, los dueños de “Bodegas Victoria” en Cariñena, la Familia Segura Serrano, decidieron vender la empresa y otras 3 sociedades que componían su grupo empresarial a los empresarios Tomás Nasarre Alfaro y Tomás Nasarre Gracia, padre e hijo.

El precio fijado en la operación fue de 12,3 millones de euros más otros 5 millones en un aval. Para evitar un posible impago, se firmó una hipoteca previamente que devolvería las bodegas a sus dueños iniciales en el caso de que no se abonara una mensualidad.

4 meses después de la operación, los Nasarre no efectuaron los pagos pactados y tras “vaciar” económicamente el grupo empresarial, según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, declararon el concurso voluntario de acreedores, impidiendo que la familia Segura Serrano recuperase sus propiedades y dejándoles en la ruina. Tras varios pleitos administrativos, esta familia sólo ha recibido un 10% del pago acordado en la operación y se les adeuda 15 millones de euros.

 

A partir de este momento, entra en liza la compañía catalana Freixenet y su vicepresidente, Enrique Hevia Ferrer, arrendando a los Nasarre las propiedades de la familia Segura Serrano por 40.000 euros anuales más IVA por un periodo de 10 años,que la productora de cava abonó por adelantado hasta alcanzar una suma total de 400.400 euros.

En la escritura pública, se especificaba que Bodegas Victoria “no podía arrendar o subarrendar, dar en aparcería o gravar por cualquier título la finca registral 9383 del Registro de la Propiedad de Daroca”.

El complejo vitivinícola que poseía la familia Segura Serrano  está compuesto por un edificio principal, una planta de elaboración, oficinas y 77 hectáreas de viñedos que tras ser arrendadas fueron inmediatamente.

Según la denuncia, Freixenet, su vicepresidente y los demás investigados actuaron de “forma premeditada” con el objetivo de que quitar a esta familia sus propiedades.

Freixenet no entra a valorar la sentencia

Durante la investigación, los cuatro imputados han intentado retrasar la instrucción de la causa presentando recursos de competencia al Juzgado de Instrucción nº 1 de Daroca, alegando que el arrendamiento se firmó en Barcelona.

La instructora ya desechó dicho recurso y algunos de los encausados que se negaron a declarar han recurrido a instancias judiciales superiores.

Algunos medios como OKDIARIO o noticierouniversal.com han intentado ponerse en contacto con Freixenet con escaso éxito. Representantes del conocido cava se han negado a valorar la denuncia. 

Las ventas de Freixenet en 2014 cayeron un 5%, por la mala evolución en Europa, especialmente en Alemania pero también por un supuesto boicot al cava en toda España.