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Sábado, 3 de diciembre de 2016

La agencia IDEA y el caso Santana, 1: Menoscabo de fondos públicos


Es sabido que la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas, y ya veremos si las diligencias abiertas por el juez de apoyo de la juez Bolaños, Álvaro Martín, señalan que los préstamos de IDEA podrían suponer menoscabo de fondos públicos. Uno de los casos emblemáticos que deberán ser investigados es el caso de Santana Motor.

En El Demócrata Liberal se cuenta detalladamente esta historia con el que comienza, probablemente, el caso ERE porque fue para resolver este y otros problemas económicos de empresas administradas la Junta de Andalucía por lo que se necesitaron instrumentos “más ágiles” y sin control de la Intervención. Estaban en juego importantes intereses electorales y de imagen pública. Y cómo no, la agencia IDEA ha estado en el ajo.

En febrero de 2011 y tras 600 millones de euros gastados por la Junta de Andalucía, tómese nota, se termina liquidando Santana Motor. Los entonces consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, de Empleo, Manuel Recio, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo – los tres hoy imputados por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía- junto a los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, igualmente imputado en el caso de las facturas falsas de UGT, y CCOO-A, Francisco Carbonero, presentaban el plan Linares Futuro, ante un abarrotado salón de plenos el Ayuntamiento de Linares, como un gran acuerdo.

Tras el disfraz habitual, el plan no era otra cosa que liquidar definitivamente una empresa que tenía 1.431 trabajadores, firmando un acuerdo de prejubilaciones para 742 trabajadores mayores de 50 años e intentando recolocar al resto en empresas de la zona a través del plan Linares futuro, incluyendo un plan de formación hasta diciembre de 2012 y una ayuda de 1,5 veces el SMI.

Recuérdese que “tras la retirada de la japonesa Suzuki en 1991, la Junta se convirtió en accionista mayoritario y en 1993 tomó el 83,75% restante, y en 1995 los japoneses se retiraron por completo de la empresa. Desde entonces no paró la inyección de dinero público. Se llegaron a firmar acuerdos: con CAF (2005) para fabricar vagones de trenes ligeros metropolitanos, con Gamesa (2005) para elaborar componentes de equipos de energías renovables, o con la compañía israelí Ener-t (2007) de la industria solar.” Como luego Delphi y otras.

Hasta UGT llegó a ser consejero de la empresa Santana Motor (2010), pero lo relevante es que en el mismo acto se nombró presidente de su Consejo de Administración a SOPREA (Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía), dependiente de IDEA. Luego, en 2011, IDEA fue nombrada liquidadora y poco después, se acaba todo.

Es trascendente un informe de Soprea, hoy IDEA, en el que se reconoce que “con fecha 27 de noviembre de 2001 la Sociedad concedió un préstamo a Santana Motor SA por importe de 39 millones de euros, el cual estuvo dispuesto en su totalidad a 31 de diciembre de 2007″.

Posterior y recientemente, la Cámara de Cuentas indicó en un informe publicado este mismo año que los préstamos entre IDEA y Santana podrían suponer un menoscabo de fondos públicos. Lo dice de este modo:

A 31 de diciembre de 2012, todos los préstamos participativos formalizados entre IDEA y Santana se encuentran completamente deteriorados. Con base en la información analizada se puede entender que los pagos autorizados por el Consejo Rector y ratificados por el Consejo de Gobierno han sido, de facto, ayudas a fondo perdido concedidas por la Agencia IDEA al Grupo Santana Motor, con independencia de que se hayan podido formalizar y contabilizar como un contrato de préstamo participativo. No se contiene en los expedientes documentación que permita comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas por parte de la entidad beneficiaria, ni la aplicación de los fondos a la finalidad para que fueron concedidos.

Con fecha 26 de febrero de 2014, la IGJA (Intervención General de la Junta de Andalucía) emitió un Informe de Actuación en relación con el citado convenio. En el informe se ponían de manifiesto incidencias detectadas en las actuaciones de control financiero consistentes en la supresión y modificación de determinadas cláusulas del texto del convenio que se sometió a fiscalización previa. Las modificaciones suponían, a juicio de la IGJA, una alteración sustancial de su contenido y naturaleza jurídica de forma que lo que IDEA (y posteriormente Santana Motor) recibe no es un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido.

Las conclusiones del informe de actuación fueron las siguientes:

En conclusión, nos encontramos ante un nuevo convenio firmado entre la Consejería y la Agencia IDEA incumpliéndose distintos preceptos:

1. Se ha omitido la fiscalización previa (art. 88.1 TRLGHP).

2. No ha sido autorizado previamente por el Consejo de Gobierno, incumpliéndose el art.21.1 Ley Presupuesto 2010 (Ley 5/2009, de 28 de diciembre).

3. Se ha podido cometer una infracción de las previstas en el art. 109.b) del TRLGHP, consistente en comprometer gastos y ordenar pagos con infracción de lo dispuesto en la Ley del Presupuesto.

Lo descrito anteriormente podría suponer un menoscabo de fondos públicos, que han sido entregados a Santana Motor sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por IDEA dada la situación en que se encuentra Santana desde hace años.”

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