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Viernes, 9 de diciembre de 2016

Rafael Catalá: “Estoy contra el retorno inmediato a los juzgados de los jueces que fueron políticos”


gra192-madrid-22-04-2016-el-ministro-de-justicia-rafael-catala-durante-la-rueda-de-prensa-posterior-a-la-reunion-del-consejo-de-ministros-celebrada-hoy-en-la-moncloa-efe-angel-diazRafael Catalá considera que la responsabilidad política derivada de los casos de corrupción “se salda con las elecciones”.

“Cuando vamos a votar, hacemos balance y valoramos qué nos parece la gestión de un Gobierno o las propuestas de la oposición y en los últimos dos años y medio ha habido todo tipo de elecciones y ha habido ocasión para que los ciudadanos hayan emitido su veredicto”.

En una entrevista en El País, el ministro de Justicia reitera este 28 de noviembre de 2016 su idea de que es necesario “poner en valor la presunción de inocencia” durante las instrucciones judiciales.

 

“Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado”, explicita. Catalá fue uno de los primeros dirigentes del PP que valoró la muerte de Rita Barberá la pasada semana en Madrid. “Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho (…) las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación””.

 

En abril de 2015, el titular de Justicia abrió una “reflexión” sobre la “presunción de culpabilidad” que, según dijo, sustituye en muchas ocasiones a la presunción de inocencia cuando se filtran los detalles de un proceso a los medios de comunicación. En una intervención en Barcelona, afirmó que sería “un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información”. Días después, afirmó que se habían manipulado sus palabras.

Sobre los aforamientos, Rafael Catalá afirma que, de los 280.000 que existen actualmente en España, hay que abordar “con criterio restrictivo” cerca de 2.000.

 

“Somos partidarios de reducir notablemente los aforamientos políticos. El de diputados y senadores debería estar vinculado exclusivamente a sus actividad como parlamentarios, no a los delitos que puedan cometer como personas físicas”.

 

Sobre la limitación de la acusación popular en los procesos judiciales, Catalá explica que el Gobierno plantea “que sea el fiscal quien asuma la función de investigación y que el juez sea un juez de garantías, pero con el fiscal dirigiendo la política judicial”.

La acusación popular quedaría así reducida a unos tipos concretos de delitos y a quien ostenta la representación de los intereses generales.

 

“Debe reducir mucho su ámbito de actuación. Así es en toda Europa”.

 

Rafael Catalá también asegura que “hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre la Justicia y la política para fortalecer la independencia [judicial}”.

 

“Una persona que ha elegido ejercer la profesión de juez, con limitaciones como no pertenecer a partidos, legítimamente puede decidir dedicarse a la política; lo que eso no puede suponer es que al día siguiente de abandonar la acción política vuelva a incorporarse a un juzgado”.

 

A su juicio, “lo que hay que hacer es establecer un tiempo de incompatibilidades y de alejamiento”.

Sobre una futura reforma en el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, a juicio de Catalá:

 

“es conveniente conseguir un equilibrio razonable entre el origen de la propuesta de los miembros de la carrera judicial y una participación del Parlamento, sin que desvirtúe el origen profesional de la propuesta”.

 

Actualmente, 36 jueces son elegidos por otros magistrados y 12 son propuestos por los grupos parlamentarios. El ministro aboga por que “esos 36 o 24 o 20 tengan un sistema más participativo” y asegura que trabajará previamente con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.

Sobre la situación en Cataluña, Rafael Catalá afirma que el Gobierno va a tener “la mayor flexibilidad para buscar soluciones políticas a las reivindicaciones de la sociedad catalana, pero quien incumpla las leyes se encontrará con la acción de la justicia”.

“Si un presidente de la Generalitat, un consejero o una presidenta del Parlament ha incumplido una ley debe responder ante los tribunales”, concreta el ministro, que reitera que, “con nuestro sistema actual y nuestra constitución”, no es posible una consulta pactada sobre el encaje de esta comunidad en el resto de España.

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