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Viernes, 2 de diciembre de 2016

Santamaría promete rebajar los litigios a cambio de “lealtad institucional”


La reducción de la litigiosidad, la gran cantidad de recursos ante el Tribunal Constitucional que se han presentado en los últimos años entre el Gobierno y los ejecutivos de administraciones autonómicas, especialmente de País Vasco y Catalunya, “es una responsabilidad recíproca”. Pero la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha prometido poner de su parte para que esta se vea reducida con respecto a los últimos años, al expresar su “compromiso de potenciar” las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, un “instrumento creado para fomentar la negociación antes de acudir a los recursos ante el TC”. Aún así, las palabras de la vicepresidenta no ha convencido a los independentistas, que le han afeado que presuma el nivel de descentralización de España y han acusado de “poner a las autonomías a los pies de los caballos”: “Ni descentralizado, ni puñetas”, le ha replicado el portavoz del PDECat, Francesc Homs.

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, la mano derecha de Rajoy ha advertido de que “aunque podemos abordar las cifras” sobre el número de recursos ante el TC presentados por cada ejecutivo, pero ha querido poner el acento en las potencialidades de las comisiones bilaterales, que considera “un buen elemento” para poder llegar a acuerdos con las administraciones autonómicas antes de acabar en los tribunales. Así, “por nuestra parte, máxima disposición para intensificar la negociación”, ha asegurado. Eso sí, aunque “es tiempo de fortalecer el diálogo”, la dirigente ha reclamado a cambio “lealtad institucional”, un elemento que “debe ser el cemento que afiance las nuevas relaciones”.

Santamaría ha destacado que España es “uno de los países más descentralizados del mundo”. Se ha apoyado en un informe de la OCDE en el que se indica que la Administración central tiene un peso relativo más bajo en el gasto público, y en otro del Banco de España que asegura que nuestro país tiene uno de sistemas fiscales más descentralizados del mundo, pero estos argumentos no han convencido a las formaciones independentistas como el PDECat y EH-Bildu. Así, el portavoz de la formación catalana, Francesc Homs, ha hecho una dura réplica a la vicepresidenta en la que le ha indicado que “no tiene usted credibilidad con todo lo que nos ha contado”.

“Para un diálogo constructivo y de verdad, cumpla la ley de estabilidad presupuestaria”. Homs ha reprochado que citara el informe de la OCDE, con el que ha advertido que “se ha puesto usted, como decimos en Catalunya, ‘de peus a la galleda’. En este punto, el dirigente ha argumentado que “el objetivo de déficit de España para 2017 está fijado en el 2,9% y “ustedes se quedan el 83%, el 2,4%, cuando les tocaría aquello que corresponden a lo que gestionan”. Por su parte, las comunidades autónomas, se quedan con el 0,5% “cuando les tocaría más del doble”. De esta forma, Homs le ha afeado que “el que parte y reparte se queda la mayor parte”, mientras que “dejan a las autonomías a los pies de los caballos”. Así que “ni descentralizado ni puñetas”, ha exclamado.

 

El diputado de CDC Francesc Homs a su llegada hoy a la Comisión Constitucional del Congreso.

El diputado de CDC Francesc Homs a su llegada hoy a la Comisión Constitucional del Congreso. (Sergio Barrenechea / EFE)

Curiosamente, Homs no ha hecho alusión alguna en su intervención al referéndum que prevé celebrar el Govern si bien en los momentos previos a la comparecencia de Santamaría había señalado a los periodistas que “si alguien piensa que la cuestión catalana es resoluble sin pasar por las urnas hace un mal diagnóstico”. El parlamentario ha alegado que “a nadie se le puede pedir que renuncie a sus principios, a su programa, a sus propuestas, a aquello que además en Catalunya se ha ganado y de qué manera en todos estos años”.

En Comú Podem: “El Estado autonómico está agotado”

Desde el resto de grupos catalanes, el portavoz de En Comú, Xavier Domènech, ha hecho hincapié en que España vive su “peor crisis territorial del Estado desde la transición” y en que eso no se soluciona “apelando al diálogo”, sino afrontando la realidad. Tras proclamar que “el Estado autonómico está agotado”, Domènech ha avisado a Santamaría que “cuando no se afronta el futuro y la realidad que cambia bajo tus pies te condenas a vivir en el pasado” y le ha afeado que el Gobierno haya optado por escucharse sólo a sí mismo.

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el diputado de Unidos Podemos, Francesc Domènech.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el diputado de Unidos Podemos, Francesc Domènech. (Sergio Barrenechea / EFE)

ERC afea a Santamaría el “integrismo nacionalista” del Gobierno

Desde ERC, Ester Capella, ha recriminado a Santamaría el “integrismo nacionalista” del Gobierno y su “persecución judicial” para que los independentistas sean “españoles por la fuerza”. “Su nacionalismo entiende que España debe ser lo que es hoy por los siglos de los siglos lo quieran o no lo pueblos que la componen”, ha lamentado. Tras el reproche, la dirigente ha dejado claro que su partido y el Govern no se van a mover de la tesis de “referéndum o referéndum” porque tienen la “obligación” de cumplir el mandato de los catalanes. “Hagan ustedes lo que tengan que hacer, pero los catalanes y catalanas también lo haremos”, ha remarcado.

Potenciar la comunicación

Santamaría tiene la intención de “potenciar la comunicación y la colaboración también con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno”, con el objetivo de “abrir nuevos canales y ofrecer nuevas vías de comunicación”. La dirigente ha señalado que este objetivo no eximirá de la responsabilidad del Estado de velar por los intereses y derechos en todo el país, pero ha comentado algunos cambios encaminados a esta apertura del diálogo, como la designación de Enric Millo y la delegada del Gobierno en Baleares, María Salom.

A partir de aquí, las buenas palabras han marcado la primera intervención de la dirigente: “El Gobierno pondrá todo de su parte y está dispuesto al diálogo, preparado para el entendimiento y convencido de que es posible el acuerdo”, ha añadido antes de explicar que se ha abierto un tiempo en el que cada uno ha de ponerse en el lugar del otro.

El Gobierno, dispuesto a reformar la Constitución

En el ámbito de la reforma constitucional, la vicepresidenta ha puesto límites a este proyecto. A su juicio, “el sistema autonómico es perfectible y se han hecho algunas reformas constitucionales, pero no soy partidaria de echarlo todo abajo”. Y es que “el éxito” de la Constitución de 1978 es que “pudo cobijarnos a todos” y que “no era una constitución de nadie ni que gustara en todos los predicamentos de todos”. La dirigente ha insistido en que si en este proceso de reforma, de llevarse a cabo, se basa “en la búsqueda de la concordia, acertaremos”, si no “correremos el riesgo de malograr lo que hace 40 años conseguimos sin sectarismos”. Sólo si hay consenso, concordia y prudencia se podría llegar a una reforma exitosa de la Constitución, ha insistido.

 

Los diputados socialistas Patxi López (i) y Antonio Pradas a su llegada a la Comisión Constitucional del Congreso.

Los diputados socialistas Patxi López (i) y Antonio Pradas a su llegada a la Comisión Constitucional del Congreso. (Sergio Barrenechea / EFE)

Santamaría se ha comprometido firmemente en hacer posible el diálogo y la comunicación “para sacar adelante un proyecto común”, y ha ensalzado la importancia de otro de los foros que debe celebrarse en las próximas fechas para iniciar el acercamiento con las autonomías: la conferencia de presidente. Aunque aún no tiene fecha, ha anunciado que Rajoy enviará próximamente la carta a los presidentes autonómicos y, ante la anunciada ausencia de Carles Puigdemont, ha asegurado que el Gobierno pretende “cambiar la dimensión de este órgano”. El objetivo será que se convierta en un encuentro en el que “exponer soluciones” y no una lista de quejas o agravios. Se trarará de “poner en común las diferentes aproximaciones del país y marcar objetivos”, ha explicado.

Sobre los vetos: “El Parlamento no suple al Gobierno ni es su adversario”

La vicepresidenta también ha defendido la capacidad de veto del Gobierno ante las propuestas de ley de los grupos parlamentarios que suponen incremento de gasto. Al respecto, Santamaría ha advertido de que el Parlamento “no es el adversario del Gobierno y no sería lógico ni legítimo que esa fuera su postura”, y ha recalcado que su función es controlarle, pero no sustituirle.

”La democracia parlamentaria no significa el gobierno del Parlamento, y como decía Rubio Llorente, el Gobierno ostenta el poder ejecutivo y no es un mero ejecutor de las decisiones del Congreso”, ha añadido. Por eso, ha interpretado que de la capacidad de entendimiento entre los dos poderes dependerá que la legislatura sea un éxito o un fracaso para la democracia.

 

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