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Domingo, 11 de diciembre de 2016

Mataró declara la guerra a la mafia del ‘piso patada’


La ocupación ilegal de viviendas en Mataró es un lucrativo negocio para las mafias organizadas. El Consistorio de la capital del Maresme se ha visto obligado a activar nuevos mecanismos legales para evitar que los grupos organizados controlen el mercado de pisos vacíos que las entidades financieras ceden en alquiler social. En la ciudad hay unas 4.000 viviendas vacías, el 25% de las cuales son propiedad de entidades financieras o empresas. Muchos de estos pisos ya están ocupados por grupos organizados “que disponen de información privilegiada” para obtener un rendimiento económico a través de la nueva modalidad de ocupación: los pisos patada.

Una investigación de la policía local y los Mossos ha detectado que esta modalidad de ocupaciones ilegales accede a las viviendas vacías antes que los propios servicios municipales, que deberían destinar la vivienda para usuarios en riesgo de exclusión social. “Se da el caso de bancos que nos ceden pisos y cuando vamos a visitarlos están recién ocupados”, lamenta Isabel Martínez, concejal de Bienestar Social. Fuentes de la investigación admiten que la trama mafiosa dispone de información privilegiada sobre los pisos vacíos cedidos. “Sabemos quiénes facilitan la información, pero las víctimas están amenazadas y tienen miedo a denunciar”.

Uno de los bloques con viviendas ocupadas en el barrio Pla d'en Boet de Mataró

Uno de los bloques con viviendas ocupadas en el barrio Pla d’en Boet de Mataró (Fede Cedó)

“Me han llegado a pedir 300 euros por ocupar un piso del que me garantizan no me podrán echar en dos años, porque es del banco”, reconoce una vecina de Pla d’en Boet, usuaria de los servicios sociales que exige preservar el anonimato. “La policía me pide que denuncie, pero no me ofrecen la protección necesaria”, agrega. Las mafias se encargan de abrir la vivienda “pegando una patada a la puerta y cambiando la cerradura”. Previo pago, conectan fraudulentamente los servicios de luz y agua. Si la propiedad intenta evitar la ocupación, disponen de un gran abanico de estrategias para evitar el desahucio. “Tienen hasta figurantes de apoyo: ancianos, menores de edad, familias con mascotas, expertos en impedir desalojos” reconoce la policía.

“Este tipo de ocupaciones causa graves problemas de convivencia y seguridad en las comunidades de vecinos afectadas”, admite Núria Moreno, concejal de Vía Pública. El perfil del usurpador de vivienda ha cambiado en Mataró. “Ahora son personas que proceden de otros municipios, incluso del extranjero, con antecedentes policiales y que no acuden a los servicios sociales”. Por ello, reconocen que existe el riesgo de convertir barrios como Pla d’en Boet, Cerdanyola o Rocafonda, donde más se localizan estas prácticas, en suburbios marginales como la banlieue parisina.

En busca de soluciones, el Ayuntamiento ha activado una nueva fórmula, una comisión en la que actuarán de forma transversal y coordinada con la Agència de l’Habitatge cuerpos de seguridad, abogados, jueces y fiscales. “Debemos actuar con rapidez para evitar que el problema crezca”, sentencia el Ayuntamiento.

Tres barrios sensibles

El Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos años diferentes mecanismos para dar respuesta a las situaciones derivadas de la precariedad respecto al acceso y al uso de la vivienda y los riesgos de convivencia. Así, en 2010 creó la Comisión Municipal de sobreocupaciones, para identificar inmuebles y viviendas sobreocupadas, y actualmente tramita la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento sobre la verificación de viviendas vacías, para detectar viviendas vacías y promover su movilización en el mercado.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha articulado una política de vivienda social para dar respuesta a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de riesgo social y con dificultades para acceder o mantener una vivienda digna. Asimismo, se ha potenciado el Servicio de Mediación Ciudadana para atender los conflictos de convivencia generados por ocupaciones de viviendas y, en los barrios de Rocafonda, El Palau-Escorxador y Cerdanyola se ha desarrollado un Programa de Apoyo a las Comunidades de Vecinos para asesorar y apoyar a las comunidades vecinales más vulnerables.

Por otra parte, el Plan de Seguridad Local de Mataró 2016-2020, aprobado por la Junta de Seguridad Local el 22 de julio, estableció como eje prioritario la promoción del civismo y la convivencia en los espacios públicos y las comunidades vecinales y prevé desarrollar un programa integral de prevención de los empleos y la creación de una Unidad de Convivencia Comunitaria de la Policía Local. Por último, el Ayuntamiento tiene abierta una línea de colaboración con la Fiscalía para la resolución de ocupaciones ilegales, acción contemplada en el Programa de Actuación Municipal de 2016.

Apoyo a las comunidades afectadas

La comisión será un órgano de coordinación de la información y las actuaciones de los diferentes servicios de la ciudad que intervienen ante el incremento de la detección de casos de viviendas ocupadas. Su objetivo será articular una estrategia integral para abordar las ocupaciones de viviendas, prestando especial atención a aquellos casos que afectan a la convivencia y la seguridad de los miembros de las comunidades de vecinos que las sufren. La comisión trabajará desde cuatro ámbitos: social-habitacional, convivencial, el ámbito de la seguridad y el jurisdiccional.

Las líneas prioritarias de intervención son: La detección de las viviendas ocupadas en la ciudad y evaluación del riesgo que generan para la seguridad y la convivencia de las comunidades afectadas y de su entorno; Identificación de los titulares de la propiedad y asesoramiento para el ejercicio efectivo de sus derechos ante situaciones de usurpación; establecer líneas de intervención social para ofrecer soluciones habitacionales alternativas al empleo y poder trabajar de manera integral con estas familias en los casos en que así lo requieran; Apoyo y acompañamiento a las comunidades de vecinos afectadas en la resolución de problemas de convivencia derivados por ocupaciones; Desarrollo de líneas de atención prioritarias para la intervención policial para dar respuesta a los problemas de seguridad que se detecten en comunidades con viviendas ocupadas y combatir a los grupos y organizaciones criminales; Establecer mecanismos de coordinación con las instancias judiciales para incrementar la eficacia de las actuaciones que se lleven a cabo desde los diferentes actores afectados.

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