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¿Elecciones, referéndums y plebiscitos en Cuba?

Carteles como este son comunes en los períodos de votaciones en Cuba (Foto: EFE)

Carteles como este son comunes en los períodos de votaciones en Cuba (Foto: EFE)

LA HABANA, Cuba- Todos desearíamos unas elecciones libres en Cuba, tal como ocurrió este año en Argentina o en Perú o como sucederá en noviembre en los Estados Unidos. También que hubieran las consultas al pueblo sobre los temas trascendentales que afectan al país a través de eso que llamamos referéndum o plebiscito, como lo fue el del Acuerdo de Paz en Colombia. Se trata del derecho al voto, un ejercicio sagrado de las democracias, y constituye su esencia desde los tiempos de la antigua Atenas de Solón o de Pericles. Es la expresión sagrada de la voluntad del pueblo, en donde recae la soberanía plena de las naciones. Su respeto y rigor enaltece y fortalece a los pueblos, pero su adulteración y amañamiento es traición a todos los miembros de la nación.

Las elecciones, referéndums y plebiscitos, no solo tienen que tener procesos claros, entendibles por todos y transparentes, sino que su realización tiene que estar hecha dentro de un ambiente electoral  adecuado.

Cuba es un país carente de una cultura democrática, toda vez que desde el 1952 tras el golpe de Estado se rompió el orden constitucional para ser sustituido abruptamente por una dictadura de derecha, la del general Fulgencio Batista, quien luego, en 1959 fue derrocado y reemplazado por la dictadura de izquierda de los hermanos Castro, quienes ostentan el poder totalitariamente desde ese año. Ambos regímenes han tratado simular legalidad y democracia a través de elecciones amañadas. El uno y el otro a través ordenamientos jurídicos y procesos electorales excluyentes de la participación de los sectores opuestos al régimen. Tras más de seis décadas, Cuba no ha tenido ningún proceso electoral verdadero, libre, incluyente de todo el abanico del pensamiento político, social y económico de la nación cubana.

Más de cuatro generaciones de cubanos carecen de una cultura democrática. Lo que implica que se precise desarrollar programas de educación democrática a la población cubana; sobre todo a los que residen en la Isla de Cuba, ya que muchos de la diáspora en alguna u otra forma han tenido contacto y convivencia con regímenes democráticos donde se producen procesos electorales, y aun así se requiere para ellos, también, desarrollar esa formación.

El ambiente electoral sano empieza por el cumplimiento fiel de los principios básicos y patrones de conducta que deben permear una sociedad democrática: tolerancia, honestidad, y respeto.

Tolerancia: Quizás el más importante de los fundamentos que deben concientizarse al pueblo cubano, visto el historial de intolerancia que, sobre todo este régimen, ha infundido, desarrollando una nociva cultura de la intolerancia contra todo aquel que no coincida con las ideas del gobierno. Se debe educar al individuo e inculcarle la capacidad de escuchar y respetar las ideas distintas y opuestas a las sé que tienen.

Honestidad: La mentira ha sido uno de los mecanismos más usados por el régimen castrista para desinformar al pueblo sobre las realidades y problemas que afectan a la sociedad. Esa deshonestidad ha sido usada por el gobierno constantemente durante tanto tiempo, a través del uso y control monopólico de todos los medios de comunicación; lo que ha propiciado en el pueblo el fomento de la conducta de la doble moral del individuo: una para su interior y otra para el público. La deshonestidad es también el resultado del miedo; uno de los mecanismos más usados para intimidar y coartar la libre expresión de los ciudadanos que disienten del régimen. Es preciso desarraigar los miedos inculcados al pueblo y educarlo en las virtudes de la verdad y el rechazo al engaño.

Respeto: Que cubre no solo al individuo, independientemente de sus diferentes creencias, opiniones y costumbres, sino también al estado de derecho legitimo y justo, que no constituya violatorio del derecho humano, opresivo o discriminatorio.

Además de la formación democrática del ciudadano y como paso previo a cualquier evento electoral o plebiscitario, el país requiere poseer un ambiente legal y estructural apropiado para el ejercicio del voto democrático. Bajo las actuales condiciones legales, administrativas y jurídicas es imposible contar con un ambiente propicio para celebrar unas elecciones verdaderas, libres y democráticas. Hay que crear las condiciones previas adecuadas en lo social, lo político, lo legal y lo gubernamental.

En un sistema de gobierno donde la centralización y acaparamiento excesivo del poder en el Ejecutivo, resulta inapropiado realizar unas elecciones que tengan las garantías de ser limpias. En un sistema legal donde la voluntad soberana del país recae por constitución, en un solo y único  partido político y no en el pueblo, no puede haber pluralismo político. En un ordenamiento jurídico, donde con rango constitucional, otorga a ese monopartido político, el control de las organizaciones e instituciones que abarcan todo el espectro social del país. De ese modo absolutista, no se deja espacio para que pueda haber la libertad ciudadana necesaria para que los sectores de oposición puedan organizarse y desarrollarse en un igual nivel de competitividad, de cara al pueblo elector. Es un estado diseñado para el control de algunos, sobre la totalidad de la población.

Se requiere, entonces, reestructurar al Estado y a la sociedad para adecuarlo al proceso democrático.  Estas serían algunas de los más importantes cambios previos que deben producirse en el país.

Desde el punto de vista legal, se requiere una legislación que avale y afiance  el proceso y la vida democrática del país. Bajo el sistema jurídico actual de Cuba no son posibles unas elecciones verdaderamente libres, plurales, transparentes, imparciales y democráticas.

Por cuanto es requisito sine qua non derogar la actual constitución para producir una nueva Carta Magna para el país, que esté enmarcada en el respeto pleno a los Derechos Humanos según concebido por la Carta de las Naciones Unidas y sin perjuicio de aquellas otras libertades civiles que la nación cubana requiera, de modo de garantizar la libertad plena para todos los ciudadanos y sentar las bases de un estado de derecho enmarcado en los principios fundamentales de la democracia, o sea, pluralismo político, separación real de los poderes del Estado, limitación y temporalidad de los poderes e incumbencia de los funcionarios del estado, garantías  a las libertades ciudadanas, soberanía nacional plena, respeto a la libre voluntad del pueblo expresada en las urnas, como único y verdadero soberano en el país.

En su defecto, y con extrema y muy limitada temporalidad, habría que realizar sustanciales enmiendas a la actual constitución fundamentalmente en los siguientes aspectos:

Derogación del artículo 5 de la Constitución sobre la supremacía y monopolio político del Partido Comunista de Cuba y el artículo 6, sobre el monopolio concedido a la Unión de Jóvenes Comunistas como instrumento para agrupar y dirigir las juventudes del país. Derogación del artículo 7 sobre las organizaciones de masa como únicas entidades agrupadoras, representantes y dirigentes de los distintos sectores sociales del país: mujeres, niños, trabajadores, etc.

En su lugar, ha de reconocerse, bajo nuevo articulado, la plena libertad para la organización y funcionamiento de partidos políticos, cualquiera que sean sus ideologías o criterios políticos o con respecto al gobierno. Así como también se ha de garantizar la libertad de asociación para todos los sectores de la sociedad civil cubana, estén o no a favor del gobierno.

Derogación del artículo 62, en donde solo se reconocen aquellos derechos civiles y libertades siempre y cuando no estén en conflicto con los promulgados por el Estado socialista. También ha de derogarse el  carácter irrevocable del actual sistema y modelo de estado según el artículo 137 de la Constitución.

Además, deberá procederse a la derogación o enmienda de la constitución a los fines de eliminar toda centralización de poderes y las disposiciones violatoria a los derechos humanos y libertades civiles del ciudadano, así como las disposiciones que constituyan medidas excluyentes de sectores cubanos de oposición o que limitan o restrinjan al derecho de participación de los nacionales cubanos de la diáspora en unas elecciones libres en Cuba.

Deben derogarse todos aquellos artículos del código penal que envuelvan violaciones institucionales a los Derechos Humanos del Pueblo o que enmarquen o tipifiquen acciones políticas como delito.

La imparcialidad y transparencia eleccionaria no se puede alcanzar en Cuba bajo la actual ley electoral del país. Bajo esta la Comisión Electoral Nacional está subordinada a la jurisdicción del Ministerio de Justicia (MINJUS), un organismo del Ejecutivo controlado por el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado.

El organismo que se requiere para que puedan existir elecciones verdaderas (o plebiscitos o referéndums) debe ser un poder totalmente autónomo e independiente de todo otro del Estado. Debe estar compuesto por una dirección colegiada donde participen todos los partidos políticos debidamente acreditados, los de mayoría y los de minoría. Y debe tener un elemento de escrutinio y supervisión donde participen no solo organismos internacionales como observadores, sino en cada mesa electoral, en cada colegio, en cada región, de estar compuesta por miembros de todos los partidos concurrentes a las elecciones.

Como cuestión de garantía, para el caso de diferencias electorales irreconciliables, el país debe contar con un poder judicial independiente, autónomo, despolitizado y profesional, que garantice la debida administración del derecho y la justicia dentro de los cánones de las sociedades democráticas modernas. En Cuba eso no existe. El poder judicial es un apéndice del Consejo de Estado, el cual, en múltiples ocasiones, ha impuesto decisiones judiciales a los tribunales del país.

Como cambio básico y fundamental, se ha de promulgar legislación que garantice plenamente las libertades y respeto a los derechos humanos para todos los ciudadanos, como base para poder llevar a cabo unas elecciones en Cuba. Para garantizar el ambiente electoral sano, se requiere que en el momento de producirse las elecciones, el pueblo cubano tenga un clima respeto a las libertades básicas y a sus derechos humanos. La puesta en vigor de ley de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría ayudar a crear ese clima. La libertad de expresión, de prensa, de acceso a la información,  de reunión, de asociación, de locomoción, son derechos indispensables ante cualquier elección, referéndum o plebiscito. Además, los medios de comunicación masiva han de estar en manos privadas y su acceso ha de ser libre. De igual modo el acceso a la información por internet ha de ser irrestricto y sin censura.

Otro aspecto importante es la eliminación del clima de coacción y miedo. En Cuba hay un estado de terror. Es el miedo infundido, que por la vía del terror y la propaganda se le ha inculcado a la población. El miedo conspira contra el derecho a la libre elección. Un ciudadano coaccionado no puede emitir un voto libre. Por cuanto, se requiere tomar medidas para despojar al pueblo del temor al estado dictatorial bajo el cual lleva más de cinco décadas. Para tal cosa, necesitamos efectuar cambios estructurales, en adición a los legales. Entre ellos deberían estar el desmantelamiento de todos los aparatos represivos, tales como el Ministerio del Interior y en especial Departamento de la Seguridad del Estado, así como otros organismos de inteligencia y contrainteligencia del estado cubano, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y demás organizaciones dedicadas a reprimir al pueblo. A esto añádase que el país y sus instituciones deben desmilitarizarse completamente.

Deben despolitizarse totalmente los sindicatos, las escuelas y universidades y permitir la libre sindicalización de los trabajadores. Además, ha de eliminarse el control del Partido Comunista y del Estado sobre las organizaciones estudiantiles universitarias y los sindicatos obreros.

Solo así se podría garantizar unas elecciones, o referéndum o plebiscito que verdaderamente sean libres y democráticos. Por tal razón, cuando se planteen procesos electorales para Cuba deben estar acompañadas de las exigencias irrenunciables e imprescindibles para que existan las condiciones y el ambiente electoral, social, estructural y legal que ciertamente garanticen que las mismas sean verdaderamente democráticas, limpias y transparentes.

Hacer una elección, referéndum o plebiscito sin las garantías necesarias y el ambiente legal, político y electoral sano y adecuado, sería facilitarle el fraude al régimen para, tras su simulación electorera, permitirle al gobierno ilegítimo y dictatorial y a sus esbirros “legalizarse” ante al mundo a costa de continuar subyugando al pueblo cubano. Un error craso en el cual no debemos ni caer, ni permitir.