TSJ emite nueva sentencia sobre el proceso de revocatorio en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratifico el lunes 17 de octubre que la recolección del 20 por ciento de las firmas para solicitar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre, se realice por estado.

Según la sentencia la convocatoria debe reunir dicho monto de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital del país. “La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de las regiones del país, haría invalida la convocatoria del referendo revocatorio presidencial‘, sentenció el TSJ en su comunicado oficial.

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De acuerdo al texto el proceso de la  recolección de firmas no debe confundirse con el referendo revocatorio en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral.

Los sectores de oposición reunidas en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) principal impulsora del revocatorio, señaló en un comunicado que la jornada de recolección de firmas pautada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los días 26, 27 y 28 de octubre será el proceso comicial contra el ejecutivo bolivariano.

Sin embargo lo que se tiene contemplado para finales de octubre es el inicio de la segunda etapa del revocatorio, que consiste en la reunión de las rúbricas del 20 por ciento del electorado de cada estado solicitando el proceso comicial, que según el calendario del CNE quedaría para marzo del año próximo.

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A través del documento la MUD convoca a manifestaciones a sus simpatizantes en las fechas señaladas, escondiendo la amenaza de nuevas acciones desestabilizadoras para crear  el caos en caso de que la consulta contra Nicolás Maduro no se concrete este año.

En este sentido la MUD plantea las fechas del 26 al 28 de octubre como unos comicios con la facultad inmediata de revocar el mandato al legítimo presidente de la nación suramericana, Persistiendo así en sus esfuerzos por confundir y engañar a sus adeptos con la promesa de una elección a destiempo.

Los sectores de la oposición acusan al Gobierno venezolano y al poder electoral de una supuesta violación de un derecho constitucional.