LA narración nacionalista se basa en una manipulación de la historia y su victimismo es una coartada para justificar su existencia.
Mientras la Constitución de 1978 diga lo que dice, ninguna comunidad podrá separarse del resto de España.
Esta evidencia, sin embargo, no basta para frenar la extensión del engaño secesionista, que ha encontrado en la izquierda radical y en algunos sectores del PSOE aliados de conveniencia.
Entre esos embustes está el de los «países catalanes», que hasta ahora se ha mantenido en la retórica del nacionalismo catalán, pero que empieza a encontrar comprensión en los nuevos inquilinos de los gobiernos vecinos.
Para muestra, el acto del próximo 2 de marzo en la capital del Turia con el título «La hora de las decisiones: balances de agravios y reivindicaciones conjuntas», una apología del pancatalanismo, financiado no sólo por la Generalitat de Cataluña, sino también por los Ejecutivos valenciano y balear, que asumen el guión nacionalista y rearman políticamente al secesionismo en el momento de mayor enfrentamiento con el Estado.
De nuevo, el PSOE flojea en la defensa de la unidad de España y regala al independentismo catalán un simulacro de la «gran Cataluña».
Agravios, deudas históricas y reivindicaciones son los epígrafes de la memoria de falsedades que el socialismo acepta firmar con los nacionalistas.
Pero hay una responsabilidad por omisión, porque aunque el separatismo se tope con la Constitución, gracias a ella ejerce amplias cuotas de poder.
El Gobierno central puede ganar en las salas de los tribunales las batallas legales contra los secesionistas, pero se pierde mucho más en las aulas de los colegios y en los medios de comunicación públicos que los nacionalistas controlan sin contemplaciones.
