El Gobierno de Pedro Sánchez ha tumbado la teoría de que un ejecutivo en funciones y con presupuestos prorrogados lo tiene más difícil para gastar. La normativa pone frenos al gasto público en condiciones de provisionalidad, pero Sánchez ha demostrado que esas cortapisas se pueden sortear con holgura. Solo así se explica que estando instalada España en el bloqueo político, con su Ejecutivo en funciones y sin cuentas al día, Moncloa haya pilotado una expansión del gasto público de tal calibre que ha hecho disparar el déficit pese a disfrutar de unos ingresos de récord. El resultado: un boquete de 64 millones de euros cada día.
España no cuenta ya con margen en las cuentas públicas para afrontar la ralentización económica. Lo impide una deuda pública cercana al 100% del PIB, unas pensiones cuyo coste va al alza y un paro demasiado elevado. Así lo afirman organismos como la Comisión, el FMI o el Banco de España. Y lo constatan, pese a su distinto signo político, media docena de ex altos cargos consultados. Consideran que es preferible proteger la solvencia del Estado antes que intentar reanimar la actividad. Con un endeudamiento alto, lo que se gana de impulso con los estímulos se acaba perdiendo por la prima de riesgo. Y con más fuerza.
