Acabar con la precariedad: la falsa respuesta de Ciudadanos

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El Confidencial

El actual periodo de crecimiento no está generando empleo de calidad, sino lo contrario. Se está ‘cronificando’ la precariedad, y en eso han tenido mucho que ver, sin duda, las últimas reformas laborales.

Aunque la precariedad laboral tiene muchas caras, muchos laboralistas llevan años denunciando —y nosotros también desde Podemos— una de las más evidentes: la temporalidad se utiliza en España de forma abusiva y en fraude de ley. Acabar con la precariedad pasa necesariamente por eliminar ese injustificado abuso de los contratos temporales, que no responden casi nunca a la causa jurídica requerida.

Aparentemente, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley con ese objetivo: eliminar este tipo de contratos, reconociendo la dificultad para garantizar la causalidad y evitar el fraude. Con ello, todos los contratos pasarían a tener una indemnización por despido “objetivo”(es decir, justificado por una serie de causas predefinidas) de 20 días por año contratado.

Esta igualación al alza de la indemnización asociada a los contratos temporales e indefinidos es una propuesta que también ha formulado Podemos. Sin embargo, la proposición de Ley de Ciudadanos viene acompañada de una redefinición de las causas para el despido objetivo que desvirtúa por completo el sentido de la propuesta, y acaba “contaminando” de precariedad a todos los contratos, también los indefinidos.

Ciudadanos elimina el contrato temporal por obra y servicio pero, simultáneamente, incorpora una causa de despido específica por finalización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propia. Cambia la forma, pero el fondo permanece. Se añade además a la propuesta una nueva causa objetiva de despido —”la amortización del puesto de trabajo individualizado”—, con una redacción tan laxa que a ella podría acogerse casi cualquier empresa para justificar cualquier despido.

Proponer esto, como hace Ciudadanos, supone facilitar el despido libre (sin causa) y abaratar nuevamente sus costes. Con su propuesta prácticamente desaparecerían los despidos improcedentes (con 33 días de indemnización por año trabajado) y casi todos pasarían a ser procedentes (con 20 días de indemnización). Pero la experiencia de estos últimos —especialmente tras la reforma laboral de 2012— nos ha enseñado que reducir los costes de despido y los salarios no ayuda a crear más empleo: solo sirve para que el empleo que se crea sea de peor calidad.

Si Ciudadanos propone eliminar la contratación temporal, y elevar la indemnización de todos los contratos a un mínimo de 20 días, estamos de acuerdo. Pero no utilicemos el llamado “contrato único”, como hace la formación de Albert Rivera, para hacer política laboral “gatopardista”: prohibir la contratación temporal para hacer más temporal la contratación indefinida. Cambiar la denominación de los contratos para que la precariedad permanezca bajo otra etiqueta resulta absurdo e innecesario, dado que para acabar con el abuso de los contratos temporales no es necesario modificar las causas de los despidos objetivos.

Con la propuesta de Cs prácticamente desaparecerían los despidos improcedentes y casi todos pasarían a ser procedentes

Pero además, la propuesta de Ciudadanos no solo da algunos pasos atrás aparentando dar uno hacia adelante: también importan los pasos que no se dan, porque son igualmente fundamentales para atajar la precariedad.

La duración media de los contratos se sitúa hoy en 53 días al año. El despido libre que contempla Ciudadanos, a pesar de la indemnización de 20 días, no servirá para frenar los contratos de días o semanas que abundan en nuestro tejido productivo. Es necesario introducir desincentivos específicos, como una penalización en las cotizaciones sociales a aquellas empresas que presenten una rotación excesiva con relación a su sector (un ‘malus’).

También se ignora el desastroso modelo laboral que ha emergido asociado —de momento— a determinadas plataformas digitales (los ‘riders’ que entregan paquetes, por ejemplo), y que obedece a la extensión de la figura de los falsos autónomos. Las relaciones profesionales de estos colectivos ya no se rigen por la regulación laboral, sino por la mercantil, con la consiguiente desprotección y merma de derechos. Esta realidad no puede quedar al margen de una verdadera “ofensiva contra la precariedad”.

Tampoco se atiende a la generalización del empleo a tiempo parcial no voluntario, particularmente entre las mujeres. En demasiadas ocasiones, este empleo va de la mano de una extensión de la jornada laboral mediante horas extra no remuneradas. Por ello, el control del fraude es esencial, resultando necesario un registro sistemático de las horas de trabajo y un refuerzo de la Inspección de Trabajo.

Sorprende además que Ciudadanos presente una ley sobre la precariedad laboral y no aborde el problema de los bajos salarios. La reforma laboral de 2012 consagra un profundo desequilibrio en la negociación colectiva, al reforzar la capacidad de las empresas para decidir de forma unilateral las condiciones de trabajo. Ciudadanos no contempla revertir esta situación. Es más, un nuevo abaratamiento del despido, como plantea la propuesta de Albert Rivera, no haría sino endurecer esta presión a la baja sobre los salarios.

Será imposible terminar con la precariedad si no modificamos los instrumentos de fijación salarial. Sin duda, es necesario restablecer un marco equilibrado de negociación colectiva, pero además un país como el nuestro con millones de pequeñas empresas necesita suelos salariales efectivos. El salario mínimo interprofesional debe situarse cuanto antes en el entorno de los 1000 euros al mes. En noviembre de 2016 el Congreso votó a favor de una proposición de Ley de Unidos Podemos en este sentido, que ha sido bloqueada —desde entonces— por Ciudadanos y el PP en la Mesa del Congreso.

Finalmente, la flexibilidad empresarial ante cambios en la demanda no puede seguir basándose en la flexibilidad para despedir —que Ciudadanos quiere incluso aumentar—, en horas extra no remuneradas o en la creación de empleo precario. La implantación de mecanismos de concertación que permitan modificaciones pactadas en la jornada laboral es una vía mejor para todos (los trabajadores, las empresas y la estabilidad macroeconómica).

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