El magnate chileno Andrónico Luksic, a través de Aeris Invest, ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no realizar una valoración definitiva «a posteriori» del Popular por un experto independiente.
El organismo, que en junio de 2017 ordenó la resolución del banco español, descartó dicho informe al considerar que la información facilitada era suficiente, hecho que critica en un comunicado Aeris Invest, que expone que la JUR «no sólo infringe un trámite legalmente previsto», sino que deja «sin garantías» a los accionistas que perdieron sus inversiones.
Recuerda que el artículo 20.11 del Reglamento del Mecanismo Único de Resolución prevé expresamente que tras una valoración provisional como la realizada por Deloitte el día antes de la operación -que atribuía al banco una valoración negativa de entre 2.000 y 8.200 millones de euros en el peor escenario-, debe efectuarse una definitiva por un experto independiente de la autoridad pública.
Sin embargo, en el caso del Popular «no se ha respetado» un trámite que, de haberse llevado a cabo, hubiera permitido a los afectados conocer una valoración «prudente, completa y realista», en lugar de una provisional y de urgencia como la que se hizo», apunta Aeris, que perdió más de 113 millones de euros tras la resolución y que está representada por el despacho de abogados Roca Junyent.
Explica además que la información que solicita «difiere sustancialmente» de la Valoración 3 recibida el pasado junio, ya que ésta usa el supuesto de que el banco está siendo liquidado, lo que «no se correspondía con la situación real en el momento de la resolución», y que el valor de sus intangibles era cero o cercano a cero.
En virtud de los datos elaborados por la consultora, los inversores habrían perdido más en un proceso tradicional de insolvencia ordinaria, lo que habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos que habrían tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros de la entidad.
Un escenario del que desconfían muchos perjudicados por la amortización a cero de las acciones del Popular, que recuerdan que de conformidad con la ley española un eventual concurso no equivale a la liquidación automática de la empresa.
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