El expresidente catalán Artur Mas insistió en adjudicarse la única responsabilidad por la organización de la consulta independentista del 9N, y dijo que la realización de esta votación no fue para desobedecer al Constitucional, «sino para plantar cara al Gobierno español, que impedía que la gente participe de manera cívica y normal».
Para Mas, el gobierno de Mariano Rajoy «utilizó al Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político».
El ex mandatario catalán negó que se haya cometido un delito de prevaricación y desobediencia. «Estamos íntimamente convencidos que no cometimos delito», dijo, y buscó que los miembros de su gabinete no carguen con responsabilidades, al asegurar que los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs se limitaron a seguir sus órdenes en la organización de la consulta. «Todas las instrucciones y directivas que han recibido venían de la presidencia de la Generalitat», dijo.
Mas asegura que se limitó a obedecer al Parlament
Mas dijo que el 9N se organizó para obedecer a un mandato del Parlamento catalán, y afirmó que cuando llegó la directiva del Constitucional, «el Govern podía dar la orden que no se hagan las cosas, pero a finales de septiembre la administración no estaba organizada sola, había 42.000 voluntarios trabajando», agregó. «Y a los voluntarios se le pueden dar recomendaciones, pero no órdenes».
Como en su primer alegato, Mas dijo que la organización del 9N fue en obediencia al mandato del parlamento catalán, «que por amplia mayoría apostó por un referéndum para conocer la opinión de la gente de Cataluña», y dijo que también era responsable «de haber llevado este proceso hasta las últimas consecuencias», en referencia a la convocatoria posterior a elecciones al Parlament en 2015.
Ortega y Rigau insisten que la consulta fue transparente
Joana Ortega coincidió en su alegato con la postura de Mas, al considerar que se la juzga «por la actuación de un gobierno democrático que obedecía un mandato parlamentario». La exconsejera de Gobernación dijo que «nunca se escondió detrás de los voluntarios», a quienes calificó como el verdadero motor de la consulta.
La exconsejera de Educación Irene Rigau negó que los directores de escuelas pudieran haber sido perjudicados por motivos políticos, y además de proclamar su inocencia, preguntó al tribunal: «¿no me va a depurar el franquismo y me puede inhabilitar la democracia por un delito que no he cometido?»
Una vez terminados los alegatos de los acusados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha proclamado que el juicio quedaba visto para sentencia.
