El 14 de septiembre entra en vigor la ley que aplica la directiva de la Unión Europea contra el fraude y el uso de información sensible en los pagos a través de Internet. La nueva ley es poco conocida entre los usuarios y los comerciantes, que son los principales afectados.
La ley obliga a las entidades bancarias a realizar el proceso de ‘open banking‘, es decir, ofrecer medios técnicos a través de software a terceros para que puedan acceder a los datos de pago de sus clientes.
Para esto, establece un sistema de seguridad con el fin de controlar el proceso de acceso a dicha información a través de la ‘Autentificación Reforzada de Cliente‘ (ACR).
Nos podemos preguntar: ¿Cómo nos va afectar la nueva ley de pagos si somos usuarios o si somos comerciantes?
Las afectados por la ley son las pymes de comercio que tengan tienda online
Por parte de los comerciantes, el sistema de autentificación funcionará a través del pago de una compra superior a 30 euros y que habrá que solicitar al cliente la identificación a través del DNI o pasaporte, una contraseña que solo sabe el comprador, o algo que sirva para identificarle, como una huella digital o un rasgo biométrico.
Las entidades bancarias deben disponer de una API, es decir, de un protocolo informático o especificación sobre como el software se comunica con otro software, que sirva de enlace entre los clientes y los comerciantes sin necesidad de tener ningún objeto físico o tarjeta.
Esta doble autentificación ya se pedía en las compras sin efectivo en los comercios físicos. A quien va a afectar la ley es a las pymes de comercio que tengan también tienda de venta online. Este tipo de empresas se tendrán que adaptar, ya que tendrán que recoger de los clientes más datos para compartir con las entidades bancarias.
La implicación de la nueva ley para las pymes de comercio que tengan tienda online
El impacto para las pymes comerciales con tienda online va a ser importante. La primera consecuencia es cuando se den las transacciones comerciales fallidas, es decir, cuando el cliente cambie de página y pueda abandonar la que está viendo, cancelando las posibles compras si se presentan dificultadas a la hora de realizar el pago, o irse directamente a la competencia.
Claramente este tipo de negocios necesitan ayuda y va a ser decisivo, ya que que tendrán que conseguir estos negocios una licencia de proveedor de pagos, lo que tiene un coste bastante elevado y ocasionando problemas de adaptación.
Por otra parte, para los comerciantes es una buena noticia a largo plazo porque se van a constituir negocios más sostenibles en el tiempo, pero a corto plazo supone una obligación más a las empresas que venden bienes y servicios a través de Internet.
Las entidades bancarias emisoras son las que deciden si el cargo va a tener que pasar o no por la doble autentificación. A partir del 15 de septiembre, van a decidir si se aplica o no según el tipo de operación de comercio online.
En el caso de las exenciones de la doble autentificación establecidas por la ley, como es la aplicación de las compras inferiores a 30 euros o si se realizan menos de 5 pagos en 24 horas, y puede pasar que los comercios online pasen todos los pagos por la doble autentificación, lo cual va a ser un error porque la tasa de conversión les va a disminuir.
Otro error es que el comerciante de la tienda online es quien decida la exención que aplica hacia la entidad bancaria emisora y que gestione de forma interne este asunto para así evitarse problemas. Esto es factible que lo realicen las grandes empresa de comercio online, pero no es buena para un pequeño negocio decidir que pagos se aplica a través de la doble autentificación.
Lo mejor para los comercios que venden por Internet que se esperen hasta el último momento para implantar el nuevo método con la excuso que en España no trabaja nadie en Agosto.
La implicación de la nueva ley para los consumidores
Los consumidores tienen que tener en cuenta que la nueva ley de servicios de pago también implica derechos para ellos. A partir del 15 de septiembre, estará prohibido realizar cargos adicionales en los pagos con tarjetas de débito o de crédito.
A los consumidores les va a beneficiar antes los bancos, dado que rebaja su responsabilidad económica por el uso fraudulento o no autorizado de su tarjeta, de los 150 euros a los 50 euros. Asimismo, se establece que las reclamaciones a los bancos por pagos se tienen que resolver en un plazo de 15 días.
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