Determinadas aerolíneas, incluso, piden que se acepte una Declaración de Salud durante el check-in on-line o en el aeropuerto. Esto se hace para confirmar que no hay síntomas, no ha sido diagnosticado el pasajero con COVID-19 o no ha estado en contacto directo con una persona que lo ha padecido, ni está en periodo de cuarentena obligatoria.
Esto en cuanto a la salida, pero la inquietud de la presidenta Ayuso sigue estando en el coladero en el que se puede estar convirtiendo hoy un aeropuerto internacional al que llegan cada día miles de viajeros procedentes del extranjero, dentro o fuera de la Unión Europea, sin ningún tipo de control sanitario.
El presidente Sánchez ha insistido públicamente en que sólo el 0,2% de los contagios han llegado vía aérea. La pregunta es si en un país que vuelve a quedar conmocionado estos días por el preocupante número de infectados y de muertos se puede bajar la guardia o no hacer todo lo humano e inhumano para evitar un fallecimiento más.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento y AENA. En la línea de presión razonable que ha introducido Ayuso, no parece admisible que la empresa pública que gestiona los aeropuertos de interés general en España, haga dejación de funciones sin asumir su responsabilidad de control total sanitario, lo que pasaría simplemente por introducir arcos de acceso por los que los viajeros internacionales pasasen un test rápido y prueba PCR: ambos trámites, de apenas unos minutos, garantizarían que no fuesen esas personas un riesgo para la alarmante situación sanitaria que padece nuestro país.
