Europa da un nuevo varapalo a España por las cláusulas abusivas de la banca. La Comisión Europea ha enviado este jueves a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar a tiempo las normas europeas que impiden abusos en las hipotecas. Es el último paso de un procedimiento que puede acabar en multas y que llega muy tarde respecto a los acontecimientos: el tribunal europeo ya haya dado la razón a los consumidores en las demandas concretas que se le han presentado. Pese a todo, un año después de que venciera el plazo para aplicar los cambios, España “aún no ha cumplido la obligación” de trasladar la directiva europea a sus leyes, según explica el Ejecutivo comunitario.
Junto a España, Bruselas también ha remitido al tribunal a los Gobiernos de Croacia, Chipre y Portugal por el mismo motivo.
Bruselas enmienda la plana a España en un asunto tan sensible como la protección del consumidor ante la banca, un sector que ha requerido un rescate financiero por parte de Europa. Y lo hace después de haber dado un holgado margen a España para que cumpliese sus obligaciones. Pero justo un año después de la apertura del procedimiento formal, las autoridades españolas “no han notificado ni el borrador de medidas, ni un calendario claro ni la legislación”, explica una portavoz de la Comisión. Ahora será el tribunal el que valore los incumplimientos de España y la posible sanción que le impone por no atenerse a las reglas.
El Gobierno español tiene ya preparada la reforma para corregir estas deficiencias, pero no está claro que disponga de los votos necesarios en el Parlamento para sacarla adelante.
Tanto la Comisión como el tribunal han objetado en varias ocasiones aspectos que dañan la protección al consumidor al suscribir hipotecas. Las cláusulas suelo, los desahucios y la opacidad en la información suministrada al cliente constituían los principales elementos en disputa. Bruselas considera que todas las anomalías podrían reconducirse al aplicar la directiva de 2014 que incide especialmente en la información clara que debe trasladarse al ciudadano antes de que suscriba un crédito. Ahora acaba la fase de negociación política y comienza la judicial.
Falta de protección
La decisión revela la falta de reflejos del Ejecutivo comunitario en un asunto con gran incidencia para los consumidores. Bruselas recurre al tribunal cuatro meses después de que este organismo con sede en Luxemburgo obligara a la banca a devolver todo lo cobrado de más con las cláusulas suelo de la banca (las que fijan un interés mínimo que no desciende aunque lo hagan los tipos oficiales de referencia), incluso con carácter retroactivo. Aunque fuentes comunitarias matizan que el paso legal de hoy no está formalmente ligado a la decisión del tribunal sobre cláusulas suelo, la objeción de fondo es la misma: la legislación española no protege suficientemente al consumidor.
“La no aplicación de la directiva significa que los consumidores no pueden disfrutar de la protección cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”, cita como ejemplo el comunicado del Ejecutivo comunitario. Con el formulario estándar que prevé la directiva para informar a los clientes sobre las condiciones del producto financiero que contratan, España podría haber incluido como obligatoria la notificación de esas cláusulas suelo.
