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Bruselas rechaza la reforma del mercado eléctrico de Teresa Ribera

La Comisión Europea ha presentado este martes su esperada reforma del sistema de eléctrico tras las alzas vertiginosas en las facturas de hogares y empresas durante el año 2022, debido a la escasez de gas propiciada por la guerra en Ucrania. Para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder y en aras de que la UE se independice totalmente de los hidrocarburos rusos, el Ejecutivo comunitario pretender incentivar los contratos a largo plazo y la capacidad de los consumidores para elegir entre tarifas fijas o variables, pero prefiere descartar grandes revoluciones como la que demanda España y otros países del sur de la UE.

Bruselas considera que el denominado modelo marginalista funciona razonablemente bien ya que evita problemas de suministro, tal y como se ha demostrado durante este invierno, y cree que una reforma de estas características podría dilatarse durante cinco o diez años, un tiempo que ahora la UE no puede permitirse. Por este sistema, la última fuente de energía necesaria para completar el suministro y que participa en las subastas diarias mayoristas es la que marca el precio del resto de fuentes, aunque estás sean más baratas. Por eso, el precio del gas ha estado contaminando las tarifas eléctricas, aunque cada vez el porcentaje de renovables y nucleares sea mayor y éstas resulten mucho más económicas que el gas. Alemania y Holanda se oponen desde hace meses a introducir reformas en este marco, ante el miedo a apagones. En el texto presentado este martes, Bruselas les da claramente la razón, ante el temor también a que una batalla campal entre los Estados miembros acabe dilatando la toma de decisiones. La Comisión Europea confía en que esta reforma pueda aprobarse para el próximo invierno, tras el aval de los Estados miembros y del Parlamento.

A cambio de no tocar este sistema, Bruselas pretende apoyar la generación de electricidad mediante un mayor uso de contratos a largo plazo que se establecen entre productores privados y compradores de electricidad y que a menudo son difíciles de poner en marcha por la falta de seguridad. Por eso, Bruselas quiere que los países de la UE creen instrumentos financieros para avalar este tipo de operaciones, con el fin de reducir los riesgos.

También pretende impulsar los denominados contratos por diferencia para que los generadores de energía inviertan en nuevas capacidades de producción a largo plazo que reduzcan la dependencia de los hidrocarburos. Para asegurar esto, estos contratos son refrendados por el Estado y se establece un precio fijo. Cuando las tarifas del mercado son altas, este exceso de ingresos de los generadores de electricidad se distribuye a los consumidores finales. Cuando sucede todo lo contrario y las tarifas con más bajas, el Estado asume la diferencia para que las empresas energéticas recuperen el dinero. Este tipo de contratos tan sólo se podrán aplicar a las energías renovables (eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica) y nucleares, ya que el propósito reside en que el porcentaje de estas fuentes se incremente. Esto último supone un importante tanto para Francia, que ha hecho de su despliegue de las nucleares casi una cuestión de identidad nacional. Fuentes diplomáticas no descartan que estas ayudas puedan aplicarse no sólo para la construcción de nuevas centrales nucleares sino cuando se necesita una inversión de calado para prolongar la vida de una planta.

La propuesta de la Comisión Europea también rechaza la puesta en marcha de precios regulados para la energía hidroeléctrica y nuclear, otra de las propuestas de España para abaratar los precios al considerar que estas infraestructuras ya están amortizadas desde hace tiempo. Además, Bruselas quiere obligar a los países a que los hogares puedan elegir entre contratos con tarifas fijas o variables y que puedan optar por las dos opciones para diferentes tipos de suministro.

La semana pasada, la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, aseguró en una entrevista al digital Político que esta reforma “iba en la buena dirección”, ya que propiciaba la puesta en marcha de contratos a largo plazo , tal y como propugna España. Ribera no quiso entrar en más detalles de manera pública, pero fuera de micrófono fuentes del ministerio creen que esta reforma no resulta lo suficientemente ambiciosa. El papel de nuestro país será vital ya que a partir del 1 de julio, España asumirá la presidencia de la UE y pilotará las negociaciones.