Un nuevo caso de enchufismo familiar vuelve a relacionarse con la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño. Primero fue su marido, Ignacio Manrique de Lara, al que se le preparó un puesto ad hoc en Patrimonio Nacional, la institución pública que preside la ex número dos del Ministerio de Asuntos Económicos y amiga personal de Calviño, Ana de la Cueva, pero que tras saltar el escándalo tras la publicación de El Mundo tuvo que renunciar. Ahora, la polémica ha vuelto con su hijo, Daniel Manrique de Lara, que trabaja en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), precisamente la entidad de la que su madre es gobernadora, según adelantó Vozpópuli.
Manrique de Lara lleva desde diciembre de 2021 trabajando en el BERD, del que Calviño ha sido presidenta rotatoria de la Junta de Gobernadores entre mayo de 2019 y mayo de 2020, aunque ahora ostenta el cargo de gobernadora del banco. Además, varios íntimos colaboradores de la ministra se han integrado en su cuadro directivo. Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional en el Ministerio de Asuntos Económicos, fichó por el BERD en agosto de 2021 como director ejecutivo de Estrategia Corporativa y el pasado 6 de septiembre Elena Aparici, directora general de Política Económica, dejó el Ministerio para incorporarse como directora ejecutiva. Además, su número dos, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ostenta el cargo de gobernador alterno.
La contratación del hijo de Calviño justo después de su licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Southampton -en lo que ha sido su primer trabajo- puede haber incumplido la propia normativa y el código ético de la institución, que debería evitar favoritismos y nepotismos familiares. En concreto, la regulación del personal establece unas reglas frente a la «contratación de parientes cercanos tanto por sangre como por matrimonio». Este banco público destaca en el articulado correspondiente que «la política de contratación debe ser la de buscar atraer empleados del más elevado calibre, apropiados a las necesidades del trabajo y bajo condiciones y términos de contratación que responden a los propósitos y objetivos del banco», además de recalcar que el Banco «dará la mayor importancia a asegurar los más altos estándares de profesionalidad, eficiencia y competencia técnica al contratar a los miembros de su plantilla».
Incluso, la Guía de Políticas de Recursos Humanos del BERD establece que «las decisiones de contratación se tomarán de manera justa y objetiva y no sobre la base de características personales como género, raza, nacionalidad, opinión política, afiliación a un sindicato, origen étnico o social, religión o posición familiar […] que no estén relacionadas con los requerimientos inherentes al trabajo». Incluso, el Código de Conducta de la institución, tanto del personal como de la junta directiva, detalla claros preceptos que tratan los «conflictos de interés» de la «familia inmediata». Y los gobernadores del Banco, incluida Calviño, son los responsables directos del cumplimiento del Código de Conducta de la plantilla y de la junta directiva.
El BERD es el principal banco multilateral para el desarrollo de proyectos de inversión en los países de Europa Central y del Este, en Asia Central, Mongolia y en la región del Mediterráneo sur y oriental. Con sede en Londres, tiene una cartera cercana a los 70.000 millones de euros y se fundó en 1991 para facilitar la transición de los Países de Europa del Este, incluida Ucrania. España es uno de los principales accionistas de la institución, con un capital suscrito de 1.020 millones de euros.
Fuentes oficiales cercanas a la ministra Calviño se han limitado a afirmar que «el Gobierno no comenta noticias falsas».
