El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Sixte Cambra, convocó el pasado miércoles un consejo de administración extraordinario, a petición propia, para informar de su detención en el marco de la operación policial Pika y debatir sobre el conflicto de los estibadores. Fuentes que asistieron a esta reunión apuntan que Cambra se dedicó a «echar balones fuera». Nadie pidió su dimisión.
Después de que el pasado 2 de febrero la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil registrarán su despacho y las oficinas del Puerto de Barcelona durante más de diez horas, Cambra declaró ser víctima de una operación de «clara intencionalidad política». Cambra estuvo detenido el tiempo que duró el registro. Después quedó en libertad. Unos días después, en el consejo extraordinario de este miércoles, Cambra rebajó el tono, evitó entrar en disquisiciones políticas, aunque subrayó que la operación policial no iba dirigida contra el puerto, sino tan sólo contra su presidente. En todo momento insistió en que su gestión ha sido «impecable». Lo repitió diversas veces.
Tres representantes del Estado en el Puerto de Barcelona
Pese a que el consejo de administración de la APB cuenta con tres representantes del Estado, nadie pidió su cese, ni siquiera le sugirieron que diera un paso atrás si en los próximos días el juez del caso del 3%, sobre la financiación ilegal de Convergència, decide citarle a declarar como investigado. Estos representantes de la administración central son Rolando Lago, director de Recursos y Auditoría de Puertos del Estado; Emilio Ablanedo, subdelegado del gobierno en Barcelona; y Severo Bueno, jefe de los abogados del Estado en Cataluña.
Uno de los consejeros consultados indica que los representantes de la administración central tampoco están para exigir «medidas ejemplarizantes» después de mantener durante años al ex dirigente popular José Joaquín Ripoll como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (2011-2014) pese a estar imputado en el caso Brugal. La Fiscalía pide para Ripoll, ex presidente provincial del PP, una pena de 16 años de cárcel. Todavía no se ha fijado fecha para el juicio oral.
Diversas fuentes del consejo señalan que, aunque el juez citara a Cambra como investigado, nada impide que continúe como presidente. El Estado es el titular del puerto, pero la designación del cargo de presidente corresponde a la Generalitat.
Aznar entregó los puertos a las autonomías
Desde que en 1996 José María Aznar y Jordi Pujol firmaron los llamados pactos del Majestic, las comunidades autónomas asumen la gestión de los puertos y nombran a sus presidentes. La Ley de Puertos del Estado, vigente desde 2010, tan sólo exige que este cargo sea asumido por una persona de «reconocida competencia profesional e idoneidad».
El consejo de administración del Puerto de Barcelona cuenta con 15 miembros, de los que cinco lo son en representación de la Generalitat –entre ellos, su presidente-, tres del Estado, otros cinco de las organizaciones empresariales y sindicales y dos de los municipios. Estos últimos son Janet Sanz (BComú), cuarta teniente de alcalde de Barcelona, y Luis Tejedor, alcalde de El Prat (ICV).
A la expectativa de las decisiones judiciales
Para el próximo 22 de febrero se había previsto un consejo ordinario, pero Cambra optó por convocar una reunión extraordinaria el pasado miércoles, precisamente para informar del registro policial. No se publicitó previamente ni se informó posteriormente de su contenido. Por la actitud que adoptó Cambra, no piensa renunciar. No mostró ni un atisbo de duda. Uno de los consejeros críticos señala que están a la expectativa de las decisiones judiciales, si bien duda de que dimita en los próximos meses aunque se acaben formulando acusaciones en su contra.
Cuando la Guardia Civil se presentó en el despacho de Cambra, en compañía del fiscal Fernando Bermejo, reclamaron dos expedientes de obras: la reforma del dique Este y los nuevos accesos del muelle Sur. En un comunicado del Puerto de Barcelona, Cambra recordó que estas adjudicaciones fueron aprobadas por el consejo de administración. Esta referencia no ha gustado a algunos consejeros, que recuerdan que aprobaron las obras, pero sin entrar en los detalles de la adjudicación. Por cierto, de aquel consejo formó parte el convergente Antoni Vives cuando era teniente de alcalde de Barcelona. Vives es otro de los detenidos en la operación Pika.
Este miércoles, mientras deliberaba el consejo, los estibadores se reunían en asamblea para preparar la huelga convocada para los días 20, 22 y 24 de febrero. La protesta afecta a todos los puertos de España. Se oponen al proyecto que prepara el gobierno para que, en el plazo de tres años, desaparezcan o se reconviertan en ETT’s las actuales sociedades anónimas de servicios portuarios (Sagep). El Consejo de Ministros aprobará el decreto en la reunión del próximo 17 de febrero. Este viernes se reunieron los representantes del Ministerio de Fomento y de los sindicatos sin llegar a ningún acuerdo.
