En sobria prosa ministerial, «la Unión Europea puso en marcha el 1 de enero de 2005 el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha (-) Cubre, en los 27 Estados miembros, las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras. El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión afecta globalmente a: más de 10.000 instalaciones; más de 2.000 millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Comunidad». Dicho de otra forma: Europa encarece administrativamente los costes de producción de sus industrias, especialmente de las energéticas, para contribuir a la lucha contra el cambio climático, el nuevo dogma, pese a que nadie ha podido demostrar su origen antropogénico. Las consecuencias más inmediatas son la pérdida de competitividad en los mercados internacionales, por el alza de precios de la energía principalmente; la sustitución de las fuentes de generación eléctrica y la incertidumbre sobre el impacto de las nuevas medidas ambientales, que retraen las decisiones empresariales y, también, las intenciones de compra de los ciudadanos. Sin olvidar que para este ejercicio de 2019 los precios de los derechos de emisión de CO2 van a subir considerablemente, tras la última normativa de Bruselas, promulgada en 2017. De hecho, la tonelada de CO2 ya pasó de 6,8 euros a 26 euros en 2018. Por supuesto, la generación de electricidad procedente del carbón, que es una de las fuentes de energía más abundantes de la tierra, es la más penalizada por la política de emisiones y va a desaparecer de Europa en los próximos años. En España, por ejemplo, la producción ha pasado de 11.400 KTEP (Miles de Toneladas Equivalentes de Petróleo) en 1990, a sólo 700 en 2016, que son los últimos datos disponibles. Mientras, China, Rusia, India, Suráfrica mantienen sus centrales térmicas de carbón, con escasas variaciones, y en Estados Unidos la reducción, aunque constante, está muy lejos de cumplir los estándares que nos exigimos los europeos. Cabría aplicar políticas arancelarias de carácter medioambiental, pero no parece que Bruselas pueda hacer frente a la inevitable reciprocidad. Algo es seguro: la factura de la luz subirá.
