Ciencia, paridad y ayudas públicas

ASK_A_WOMAN

Por Dolores Añón, José E. Boscá, Javier Ferri, Vicente Pallardó, María E. Rochina y Amparo Sanchis. Profesores de la Universitat de València.

H2020 shall ensure the effective promotion of gender equality and the gender dimension in research & innovation content.  Particular attention shall be paid to ensuring gender balance, subject to the situation in the field of research and innovation concerned.

Artículo 16. Horizonte 2020.

The ERC’s peer review evaluation process has been carefully designed to identify scientific excellence irrespective of the gender, age, nationality or institution of the Principal Investigator and other potential biases.

European Research Council, 2017

El 5 de Mayo la Dirección General de Universidades de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana acordó rechazar 115 de las 140 solicitudes de ayudas para la realización de congresos científicos que había recibido de las universidades y otros centros de investigación. La razón esgrimida en 100 de las 115 fue que dichas solicitudes no cumplían con el requisito de participación equilibrada en materia de género estipulado en la convocatoria (ver resolución). La Conselleria, que ha recibido el apoyo de altos cargos de la Universitat de València y la Universitat d’Alacant, argumentó que el haber aplicado en este caso estrictamente la ley de Igualdad de 2007 tenía como objetivo potenciar la difusión del conocimiento por parte de las mujeres científicas.

En la resolución de las ayudas la restricción de género inicialmente se interpretó como estrictamente paritaria (50% de mujeres y 50% de hombres) tanto en la composición del comité organizador de los congresos, como en el comité científico y, lo que resulta más sorprendente, en el número de ponentes. Con independencia de la calidad científica del evento, cuando la solicitud incumplía estos estándares se rechazaba sin posibilidad de enmendarla. Unos días más tarde, la propia Conselleria rectificó y reconoció implícitamente que la interpretación estricta inicial se enfrentaba a la misma Ley de Igualdad a la que invocaba su resolución, aceptando una interpretación del equilibrio de género del 40%-60%, y repescando un 15% de las solicitudes inicialmente rechazadas.

Como profesores de Universidad en activo e investigadores que asistimos regularmente a congresos y reuniones científicas tanto fuera como dentro de España, somos conscientes de que la representación de la mujer en el mundo de la ciencia no es equilibrada en muchas áreas del conocimiento. Obviamente, compartimos la visión de que los poderes públicos deben intervenir para corregir la situación allí donde se detectan trabas en la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, los mecanismos utilizados para implementar dichas correcciones no deberían imponer restricciones de tal calibre que terminen perjudicando incluso al colectivo al que se pretende beneficiar. La decisión de la Conselleria d’Educació, tomada sobre la base de la igualdad de género, atenta no solamente contra el desarrollo normal de las actividades científicas en la Comunidad Valenciana, sino contra la profesionalidad de sus investigadoras y el propio principio de igualdad, como lo demuestra la gran cantidad de investigadoras, muchas de ellas liderando un equipo, que se han quedado sin las ayudas.

La distribución entre hombres y mujeres en los distintos campos científicos y áreas de conocimiento no es necesariamente consecuencia directa de pautas discriminatorias en los propios departamentos de investigación. Más bien puede deberse a factores históricos y culturales que han condicionado las elecciones que los individuos hacen en las etapas previas de su formación. Estas elecciones pueden ser el resultado de preferencias individuales (a una mujer le puede gustar más la psicología que la ingeniería) o pueden reflejar también ciertos comportamientos discriminatorios en el pasado (a una mujer le hubiera gustado estudiar ingeniería, pero decide estudiar psicología porque por su condición de mujer se ha visto sometida a condicionantes y ha sufrido impedimentos de distinto tipo que le han dificultado elegir ingeniería). En este caso la solución pasa por actuar contra los comportamientos discriminatorios en las fases más tempranas de la formación de los individuo.

La restricción de igualdad de género impuesta por la Conselleria para la concesión de ayudas aplica por igual a todas las áreas de conocimiento, sin tener en cuenta el reparto actual por género entre los investigadores. Ello supone, de facto, un veredicto de culpabilidad por discriminación de género en aquellas áreas en las que las mujeres están en minoría. Sin considerar las circunstancias históricas que han propiciado la distribución concreta por género, la medida resulta además tremendamente injusta. No es este el camino. Donde existan indicios de prácticas discriminatorias en el seno de los equipos de investigación, éstas se tienen que monitorizar y, en su caso, denunciar y perseguir. Por el contrario, la guadaña utilizada por la Conselleria refleja una ignorancia supina de la realidad científica de la región y del modus operandi en la organización de los congresos.

A modo de ejemplo, supongamos que en una determinada área de conocimiento la población total de investigadores está compuesta por un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Esto significa que, en el corto plazo, no puede haber una presencia paritaria de mujeres y hombres en los grupos de investigación a no ser que obliguemos a más de la mitad de mujeres que investigan a dejar de hacerlo. También es muy probable que, en ausencia de consideraciones distintas del mérito académico, después de evaluar los trabajos el comité científico acabe eligiendo aproximadamente un 70% de ponencias femeninas y un 30% de masculinas. Impongamos ahora una regla del 50% necesaria para obtener la ayuda pública. En este caso sólo existen tres opciones. La primera es saltarse el criterio de mérito científico e incluir ponencias presentadas al congreso por hombres excluyendo otras de mejor calidad presentadas por mujeres hasta alcanzar la paridad o la regla fijada. La segunda es reducir el número de ponencias de mujeres que podrían haber entrado en ausencia de la restricción. La tercera es renunciar a organizar reuniones científicas que impulsen el conocimiento y, con ello, el bienestar social.

Resulta muy decepcionante pensar que los méritos científicos y académicos dejan de ser el criterio por el que se juzga a las investigadoras e investigadores. Es igualmente denigrante constatar que el trabajo profesional pasa a ser valorado por la condición de mujer u hombre en vez de por su calidad científica. Y es obvio que el establecimiento de este tipo de cuotas va a llevar a una selección de los trabajos distinta a la que se daría sin la intervención, lo que repercutirá negativamente en la calidad media de los congresos. Además, se puede llegar a la paradoja, como ha ocurrido en la convocatoria de la Conselleria, de que se dejan de financiar encuentros en los que hay una preponderancia de mujeres entre los ponentes o en los comités organizador o científico.

Según la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva el porcentaje de hombres es superior al 80% en áreas como la Ingeniería, las Ciencias de la Tierra, la Computación y otras disciplinas relacionadas con la Tecnología. No es de extrañar que la Universidad Politécnica de Valencia haya protestado enérgicamente contra la restricción de género impuesta por la Conselleria. Existen diversas fórmulas de incentivar una participación más equilibrada de hombres y mujeres en los congresos que serían aceptadas sin problemas por la comunidad científica. Sin embargo, el objetivo legítimo y compartido de contribuir a reducir la discriminación por razón de género no puede ser la excusa para la imposición de normas chapuceras y demagógicas, malas para las mujeres, malas para la ciencia y malas para la sociedad.

Javier Ferri

Javier Ferri

Javier Ferri es Profesor de la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea. MSc in Economics por la University College London y Doctor en Economía por la Universidad de Valencia. Ha sido investigador invitado en la Adam Smith Business School de la University of Glasgow. Colabora como investigador con los Ministerios de Economía y Hacienda, la Fundación Rafael del Pino y el BBVA Research. Su interés de investigación actual se centra en la modelización macroeconómica para estudiar temas relacionados con la política fiscal, el mercado de trabajo y el sector financiero.

Loading...