La precontratación de los servicios de vehículo de alquiler con conductor (VTC) en Cataluña se tambalea. Sólo una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejase en suspenso cautelarmente este requisito recogido en el reglamento que regula el funcionamiento de este servicio en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Autoridad de Compentencia Catalana (ACCO) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra norma en la misma instancia.
Como ya manifestó en el informe de regulación (IR 39/2019), la ACCO considera que «esta norma introduce restricciones y cargas adicionales injustificadas a la prestación de servicios urbanos de VTC en el ámbito geográfico del AMB, que se añaden a las impuestas por la normativa estatal y catalana y, por este motivo, intensifican el alcance restrictivo de la regulación aplicable a la actividad».
Todo este conjunto de circunstancias debilita, todavía más, «las presiones competitivas que han venido ejerciendo durante los últimos años los operadores de VTC respecto del sector del taxi, el cual ha sido tradicionalmente preservado de la competencia». En particular, asegura la ACCO, «el establecimiento de un periodo de precontratación de sesenta minutos supone la introducción injustificada de una grave ineficiencia en la prestación del servicio de VTC que perjudica a los consumidores y usuarios y genera externalidades negativas para la sociedad en general».
En línea con lo que argumentó el TSJC para suspender cautelarmente la precontratación, la ACCO asegura que esta condición es contraria al régimen transitorio, de carácter indemnizador, establecido por el Gobierno central en el Real decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre. Esta norma permite a los VTC autorizados a seguir prestando servicios urbanos durante un plazo, por regla general, de cuatro años. Con ello, se pretende compensar a estos vehículos ante la posibilidad de que sean forzados a abandonar su actividad en el ámbito urbano al final de esa prórroga si así lo decide la comunidad autónoma de turno.
La ACCO es un organismo de la Generalitat de Catalunya de carácter independiente, regulado por la Ley 1/2009, de 12 de febrero. Su principal función es garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados.
