El recorrido del decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros a mediados de diciembre está cerca de llegar a su fin. Los grupos parlamentarios votan mañana su convalidación en el Congreso y todo apunta a que no saldrá adelante, ya que sólo tiene garantizado el apoyo del PNV y del PDeCAT, que pedirán que se tramite como proyecto de ley para ser enmendado.
La reforma que plantea el Gobierno ampliaría el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco años (7 años si el arrendador es una persona jurídica), frente a los tres años que contemplaba la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos de Mariano Rajoy. Además, el plazo de prórroga tácita pasaría de uno a tres años. No obstante, el Ejecutivo no ha incluido en el decreto medida alguna para limitar el incremento de los precios del alquiler, tal y como recogía el acuerdo de Presupuestos firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en octubre, lo que ha llevado a la formación de Pablo Iglesias a afirmar que si no se incluyen «cambios significativos» en el texto, votarán en contra. Sobre la fijación de precios máximos, la Abogacía del Estado recomendó al Ministerio de Fomento que no se estableciera mediante decreto-ley, sino en otro tipo de norma. Además, fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos recuerdan que el acuerdo entre Sánchez e Iglesias establece que el Gobierno tiene de plazo todo el año para establecer las medidas normativas necesarias para desarrollar las políticas de vivienda. Añaden, además, que para limitar los alquileres primero es necesario disponer de un índice de precios oficial fiable que, ahora mismo, no existe. Por este motivo, Fomento se puso en contacto por carta el pasado día 15 con el INE con la intención de avanzar en la elaboración de la estadística.
A Podemos, no obstante, le parece que el decreto debería comenzar a reflejar desde ya lo pactado en octubre y lamenta que ignore el 90% de lo acordado. Pide, por ejemplo, que el plazo de preaviso de los contratos de arrendamiento se eleve hasta los seis meses. El Ministerio de Fomento no contempló la ampliación este plazo en el decreto ley porque podría ser «contraproducente» incentivar avisos preventivos por parte de los arrendadores «que generarían más inquietud entre los arrendatarios», según informa Efe.
A la negativa de Podemos se ha unido la de Esquerra Republicana al considerar que la norma «no es valiente» y «no afronta la urgencia social en temas habitacionales», según ha criticado el diputado de la formación catalana Joan Margall. El rechazo de ambas formaciones obliga al Gobierno a contar con la complicidad de PP y Ciudadanos. Aunque no han confirmado su posición final, los de Pablo Casado criticaron la normativa desde el momento en el que fue aprobada en el Consejo de Ministros. Se trata de «una llamada al incremento de los precios» y «ataca al conflicto de la propiedad privada», ha valorado el diputado popular Guillermo Mariscal. En cualquier caso, al PSOE sólo le valdría una hipotética abstención el PP si Ciudadanos no vota en contra. Durante las últimas semanas, la formación naranja ha mantenido una negociación con el Gobierno que no ha desembocado en acuerdo. La formación naranja también ha anunciado que no respaldará el decreto, aunque no ha especificado si se abstendrá.
