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Del «hipotecazo» al «peajazo»

Aprovechando la presentación de un real decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado jueves para poner encima de la mesa el debate sobre el futuro de las autopistas en España. Lo llamativo no es el hecho en sí de que lo hiciera sino que, durante su intervención para solicitar un debate sobre la idoneidad o no de extender los peajes a todas las vías de alta capacidad, Ábalos hizo suyos algunos de los argumentos que emplea el sector concesional para defender los peajes. A saber: que mientras los vehículos que vienen de fuera no pagan por usar la mayoría de las autopistas españolas, cuando un español viaja fuera tiene que pagar en casi todas las vías del resto de Europa; que las carreteras son las únicas infraestructuras de transporte por las que no se paga canon alguno; y que los peajes generan gran desigualdad territorial porque mientras en Cataluña hay 633 kilómetros de peaje, en Extremadura o Cantabria no hay ninguno.

Debate abierto

Con sus palabras, Ábalos ha abierto de par en par un debate que su predecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, ya quiso lanzar. Su idea era discutir la conveniencia de extender los peajes a toda la red de alta capacidad en el marco de un gran pacto sobre infraestructuras. Ábalos quiere tratarlo en una subcomisión en el Congreso que, a día de hoy, no tiene fecha por falta de espacio en la agenda de la Cámara Baja.

Tanto en el caso de Ábalos como en el de De la Serna parece que subyace el deseo, o tal vez la resignación, de extender los peajes a toda la red, un paso tremendamente impopular que nadie quiere dar en solitario por el alto coste político que le acarrearía. No se entiende de otra forma que ambos hayan apelado a un debate con el resto de partidos sobre el modelo concesional si su deseo es eliminarlo sin más, teniendo en cuenta el rédito político que una medida así les otorgaría.

En el sector aseguran que todo el que pasa por el Ministerio de Fomento acaba siendo consciente de que los recursos públicos son insuficientes para mantener la creciente red de autopistas y autovías españolas, que supera ya los 20.000 kilómetros. Según el baremo del Banco Mundial, para mantener en buen estado las carreteras españolas habría que invertir 3.700 millones de euros al año, cifra muy alejada de los alrededor de 2.000 que destina España. Año a año, el presupuesto para conservación ha menguado y las vías acumulan un déficit de conservación que supera los 7.000 millones de euros al año, según la Asociación Española de Carreteras (AEC).

La solución a este déficit, aseguran desde el sector concesional, es generalizar el pago por uso de las autopistas. Argumentan que es lo más justo porque así sólo pagarían su mantenimiento los conductores que las transiten y no todos los ciudadanos con sus impuestos. Además, añaden, se liberarían fondos públicos que podrían destinarse a servicios públicos universales que consideran esenciales como la educación o la sanidad.

En un reciente estudio encargado por la patronal de las constructoras y concesionarias (Seopan) a AT Kearney, se cifra en entre 60.000 y 110.000 millones de euros la cantidad que podría ingresar el Estado en 25 años con la universalización de los peajes en toda la red. Dependería de si lo que se cobrase fueran uno o tres céntimos para vehículos ligeros y cinco o 14 para los pesados. En ambos casos, se trata de cantidades inferiores a las actuales, que son de 14 céntimos para los turistas y 19 para los camiones. La patronal aboga por estos peajes más blandos porque considera que son suficientes para cubrir los costes de conservación, los únicos que hay que afrontar ahora dado que las autopistas se construyeron muchos años atrás y ya están amortizadas.

España, con apenas el 18% de las vías de gran capacidad –3.307 kilómetros– de pago, es el país con menos peajes de Europa. En Alemania y Gran Bretaña se paga en el 100%, mientras que en Francia hay peajes en el 79% de las vías y en Italia, el 86%. Y aunque la Comisión Europea es más partidaria de figuras como la euroviñeta –un pago único para el uso– por cuestiones medioambientales, en España ningún partido ha querido abrir el debate hasta ahora por su alto coste político. De hecho, dos de los gobiernos regionales donde más kilómetros de peaje hay implantados, Cataluña y Andalucía, están presionando para que la eliminación de los peajes que vencen en esta legislatura anunciada por Ábalos sea definitiva y no se reabra el debate.