Los sindicatos de clase, CC OO y UGT, están «dopados» con 80.000 delegados sindicales de empresas que ya no existen. Esta cifra representa casi un tercio del total de representantes sindicales, que ronda los 260.000 en toda España. Al menos 55.000 delegados sindicales corresponderían a empresas con más de diez trabajadores y otros 25.000 delegados representarían a las empresas con entre cinco y nueve trabajadores. De acuerdo a los datos del INE sobre defunción de empresas entre 2013 y 2017, un total de 29.419 empresas con entre cinco y nueve trabajadores habrían cesado su actividad por completo. En ese mismo periodo, otras 9.060 empresas con más de diez trabajadores habrían echado el cierre. Al cruzar estos datos se desprende que el 30,76% de los delegados sindicales son representantes «fantasma» de empresas que ya no existen, según los cálculos de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
Las propias centrales mayoritarias han admitido en más de una ocasión los pactos entre ellas para no dar de baja a sus delegados una vez expira su mandato al desaparecer las empresas en las que trabajaban. De esta forma, se aseguran el cobro de las pertinentes subvenciones públicas. Hasta que las centrales sellaron la tregua, la guerra consistía en dar de baja en el registro a los delegados de otros sindicatos cuyas empresas hubieran desaparecido o no tuvieran suplentes para sustituirles para alterar los datos de representatividad. Estos delegados «fantasma» permanecen inscritos en el Ministerio de Trabajo hasta que se cumplan los cuatro años de plazo de su función y sean suprimidos ante la celebración de nuevas elecciones sindicales.
Según las subvenciones que reciben los sindicatos del Ministerio de Empleo por ejercer la representación en las diferentes empresas, CC OO y UGT se estarían embolsando tres millones de euros sin ninguna justificación por estos delegados. Además, estos 80.000 representantes «fantasma» permiten acceder a las ayudas de los gobiernos regionales. Aunque los sindicatos no están obligados legalmente a notificar el cierre de empresas, las grandes centrales deberían, de acuerdo a sus códigos de transparencia, informar de la ausencia de actividad sindical de sus delegados cuando se produzcan estas situaciones motivadas por la coyuntura económica.
Los sindicatos minoritarios y sectoriales, como CSIF, han solicitado en repetidas ocasiones la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 al entender que favorece a los dos sindicatos mayoritarios y a los de ámbito autonómico.
Fuentes de CSIF denuncian que la norma otorga a las centrales de clase privilegios para su participación en las instituciones, el diálogo social, la promoción de la formación profesional, la seguridad y la salud laboral, la negociación colectiva y la promoción electoral. CSIF propone rebajar a la mitad el nivel de representatividad exigido en la ley, del 10% al 5%, para que otros sindicatos con implantación nacional puedan actuar en ámbitos de negociación que les están vetados.
