Recientemente han tenido lugar las elecciones en Cataluña. Más allá del resultado concreto, y del color del nuevo gobierno en esa Comunidad Autónoma, hay aspectos sobre la génesis del problema que se han eludido en el debate público y que resultan esenciales, pues condicionarán el futuro desarrollo de los acontecimientos. En este artículo se comentarán algunas cuestiones que entendemos que son clave para situar la Economía Política de Cataluña.
Hay un interrogante esencial: ¿por qué se ha acrecentado el espíritu independentista en Cataluña durante los últimos meses? Además de las dificultades de Madrid para comprender el elemento diferencial en la periferia española, un aspecto crucial –y poco debatido– pasa por identificar a quién se le ha cargado el coste de la crisis. Y la factura ha caído fundamentalmente del lado de la mayoría social y de las clases populares. Por supuesto, algunas elites también han visto mermar sus ingresos, pero, en general, se les han resuelto sus problemas o han visto mejorar sus posiciones. Esto ha quedado patente con el dinero destinado al sector bancario, la permisividad con el sector eléctrico, el aumento en el precio de las telecomunicaciones, las subidas en los pagos por gasolinas, etc. Por supuesto siempre en detrimento de la población, bien con intervenciones presupuestarias, bien con políticas regulatorias.
En la medida en que en Cataluña existe una conciencia diferencial, un caldo del cultivo, las élites políticas han podido utilizar dicha realidad para agitar el descontento social y orientarlo en clave nacionalista. El resultado ha sido patente. Mientras que en 2010 algo más de un millón y medio de votantes apoyaron opciones que actualmente se identifican con el “independentismo”, en las últimas elecciones estas opciones han superado ligeramente la barrera de los dos millones. Este aumento del “independentismo” abarca el 38,5% del censo electoral (el 47,3% de los votos emitidos), situación que evidentemente vierte serias dudas sobre el futuro de una Cataluña independiente: no hay base social suficiente que apoye ese proyecto político. Esta es una de las grandes constataciones de las pasadas elecciones. Una canción distinta sonaría si quien apoya el independentismo hubiese sido el 80-90% de la población.
Una segunda cuestión resulta también importante. A la anterior constatación se le añade el fraccionamiento de las elites catalanas. Por un lado ha sido manifiesto el distanciamiento entre la elite económica y la élite política, con una huida masiva de empresas. Por otro lado, y en contradicción con la propia declaración unilateral de independencia, la elite política catalana ha ido pensando únicamente en los intereses específicos de los distintos segmentos que la componen (partidos políticos), y además de una forma caótica (huyendo de España, asumiendo en sede judicial el artículo 155, desdiciéndose de aquello que afirmaban antes, …).
Obsérvese que entre 2015 y 2017 el bloque “independentista”, después de las fuertes agitaciones con la declaración unilateral de independencia, sólo captaron algo más de cien mil votos adicionales. Pero quizá más relevante sea el cambio en la correlación de fuerzas entre los distintos partidos supuestamente “independentistas”. Mientras que el CiU en 2012 obtuvo un millón cien mil votos, en 2017 se ha quedado en 940 mil; la CUP recibió 336 mil votos en 2015, aunque sólo 193 mil votos en 2017. Mientras tanto, ERC ha pasado de 496 mil votos en 2012 a 929 mil votos en 2017. Es decir, que el gran ganador, en detrimento del resto de segmentos “independentistas”, ha sido ERC. Este cambio en la correlación de fuerzas dentro de los partidos “independentistas” promete ser una fuente de conflictos en el futuro.
Estas circunstancias ponen de manifiesto una característica más profunda de la elite “independentista”: dado su fraccionamiento y su debilidad global presenta una seria carencia para ofrecer un proyecto político común para toda o la mayoría de la sociedad catalana. Esta situación contrasta con el escenario que tuvo lugar hace unos años cuando la exigencia de “autonomía” sí aunaba voluntades. Las nuevas tensiones independentistas han dinamitado el antiguo proyecto autonomista, al tiempo que no consigue constituir un proyecto de futuro, ni tan siquiera para los propios que supuestamente la apoyan.
Hay una tercera clave para entender el tablero en el que se va a mover la Economía Política de Cataluña durante los próximos tiempos. Aquello que sí han constatado otra vez las últimas elecciones es la fractura y polarización de la sociedad catalana que, por añadidura, se ha acrecentado. Así como en el año 2012, grosso modo, un tercio de la población estaba en posiciones que se podrían acercar a la “independencia”, otro tercio en contra y a otro tanto les daba igual (se abstenía), en 2017, los anteriores porcentajes han pasado a ser del 40, 40 y 20.
Amortiguar estas tensiones políticas remite a abordar la génesis de los problemas económicos apuntados al principio de este artículo, y resituar las claves sobre las que asienta el actual tablero político para reconducir la desafección social desde la cuestión nacional hacia la cuestión social. No olvidemos que una parte del acrecentamiento del independentismo se sustenta en una manifestación política de la crisis económica: de cómo se ha gestionado ésta y de a quién se le han cargado los costes.
Por todo ello, disminuir las tensiones económicas, y por ende las políticas, requiere la aplicación de intervenciones más redistributivas, de medidas de corte social. No parece sin embargo que el gobierno haya percibido, conscientemente o no, este reto. Sólo la miopía de la dirección política de España –pero también de Cataluña– dejará de lado este tipo de medidas. Esperar a que se descomponga la situación o adoptar únicamente medidas aisladas en forma de reacción a los acontecimientos que vayan surgiendo, no parece una buena expectativa. Así pues, se requieren políticas que acrecienten realmente los ingresos de la población (política salarial y de pensiones), pero también que eviten que se detraigan ingresos por la elites más poderosas del país (eléctricas, gasistas, telecomunicaciones, de combustibles,…), junto con otras que infundan seguridad a las mayorías sociales (reducción en la temporalidad laboral).
Los anteriores problemas se conjugan además con otros que se plantearán en breve y que serán un foco de tensiones adicionales. Como consecuencia de la fuga de empresas la actividad productiva en Cataluña ha disminuido y esto tiene impacto sobre la financiación autonómica. En estas circunstancias, en la producción y la distribución regional, le tocará menos dinero a esta Comunidad Autónoma siendo esto abono adicional al problema independentista.
Por todo ello, el tratamiento de Cataluña debe abrirse también a un replanteamiento de la política económica en España, si es que se pretende ofrecer estabilidad económica y política al conjunto del país en el futuro.
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Antonio Sánchez Andrés. Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia
