Dura advertencia la que ha lanzado el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, sobre el aumento de la «microcorrupción» en España provocada por la mala gestión de los servicios públicos tras la pandemia en toda la Administración, pero principalmente en la Seguridad Social, lo que ha provocado que España pueda entrar por vez primera en las listas internacionales de la «pequeña corrupción». Según denunció Costas durante la presentación de la ‘Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España’ del CES correspondiente a 2022, el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio deberá mejorar la «capacidad administrativa» de España para evitar el caos en los servicios presenciales de la Seguridad Social que ha provocado el surgimiento de un «inadmisible mercado negro de venta de citas».
Aunque aclaró que esta denuncia la hacía a título personal, quiso mostrar su preocupación por la situación de este organismo, cuyo bloqueo con las citas presenciales está provocando «un malestar y una inaccesibilidad creciente a gran parte de los servicios públicos«, algo le «preocupa mucho», porque esta nueva situación de «mercado negro nunca había aparecido en nuestro país», al menos desde la vuelta de la democracia. Por ello, reclamó que se garantice el derecho de los ciudadanos a ser atendidos presencialmente, ya que cuestiones como esta, de «pequeña corrupción», era algo en lo que España no aparecía señalada en los informes internacionales hasta el momento.
Aunque la Memoria del CES indica en su texto que la Seguridad Social ha dado de manera «eficaz» su apoyo a la política social y económica durante 2022, haciendo posible que se aplicará el plan social del Gobierno, con medidas dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis pandémica, Costas sí que incidió en que el Ejecutivo había acentuado el aislamiento administrativo de una parte de la sociedad, con un acceso limitado a las nuevas tecnologías por su falta de conocimiento o por su falta de recursos económicos. También remarcó las dificultades de muchos ciudadanos -principalmente las personas mayores- para utilizar las plataformas digitales, por lo que reclamó la necesidad de asegurar el derecho a poder ser atendidos personalmente. «No pueden quedarse fuera porque es discriminatorio».
Por otro lado, pese a destacar que la mejora de la situación epidemiológica y la mejora del empleo redujo el gasto asociado y, por tanto, que el déficit del sistema social se redujera ostensiblemente -en términos de ejecución presupuestaria un 35%, hasta situarse en el 0,5% del PIB, y un 18% el déficit contributivo, hasta el 1,8%-, criticó abiertamente que, desde el punto de vista de la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social, «siguieron detectándose importantes dificultades en su tramitación, por demoras en la concesión de citas, falta de disponibilidad de citas presenciales en las oficinas de la Seguridad Social y retraso en el acceso a las prestaciones». En este sentido, la Memoria especifica textualmente que se tomaron medidas al respecto, pero que el aumento de nivel de trabajo solo se ha resuelto con un sobreesfuerzo de la plantilla, por lo que reclamó que se lleve a cabo «un refuerzo de personal la Seguridad Social, además de medidas específicas dirigidas a mejorar la atención presencial y ampliar la atención telefónica».
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que hace especial balance, pide una mejora de su gestión, al no haber cubierto todas las expectativas puestas en esta «necesaria prestación». La memoria incide en que la inflación ha provocado «una nueva sacudida en las condiciones de vida», con un 46,5% de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes y un 8% con una pobreza severa, que afecta especialmente a las familias monoparentales, encabezadas mayoritariamente por mujeres. Por eso el CES cree que la implantación del IMV no ha discurrido con la agilidad que demandaría la situación del riesgo de pobreza y considera que el incentivo para compatibilizar la prestación y el empleo es «complejo» y de «resultado incierto». Costas ha lamentado particularmente la pobreza infantil y ha urgido a invertir en la primera infancia no solo por motivos «morales y de decencia social», sino también por motivos económicos, por lo que supone a futuro en pérdida de empleos, ingresos, productividad y crecimiento. El presidente del Consejo lamentó que la baja inversión que España realiza en materia de infancia resta al país 2,5 puntos de PIB cada año.
