El Banco de España avisa: “Nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes, de una intensidad incierta”. Con esta inquietante afirmación, el gobernador del supervisor bancario español, Pablo Hernández de Cos, advierte de que la crisis laboral y económica desatada por el coronavirus va a complicar mucho el futuro inmediato. “No existen todavía indicadores que permitan evaluar con una mínima precisión la intensidad de esta perturbación. En todo caso, el deterioro de la actividad económica al que nos enfrentamos puede ser muy acusado en el corto plazo”.
El gobernador no se ha atrevido a poner fecha a la duración de los efectos de la crisis, pero entiende que “la pandemia será un episodio transitorio. Sin embargo, la duración de sus efectos depende crucialmente del éxito de las medidas para reducir los nuevos contagios y, también, de las políticas aplicadas para atenuar el impacto derivado del cese de la actividad de muchas empresas y de las consiguientes pérdidas de empleo”. También ha hecho un llamamiento a las instituciones públicas, a las que recuerda que “las políticas públicas son cruciales para evitar que lo que es una caída transitoria de actividad y rentas de familias y empresas acabe transformándose en una más persistente”.
En cuanto a la evolución reciente de los mercados de capitales, cuyos valores se han desmoronado a niveles incluso por debajo de los sufridos durante las gran crisis financiera de 2008, entiende De Cos que esta caída es algo más que eventual por culpa de la crisis sanitaria, y advierte de que podría tener un aspecto más estructural, ya que en las semanas previas al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de 12 de marzo ya “se venía observando un importante empeoramiento en los mercados financieros globales”. Tras las decisiones adoptadas aquel día, que incluían, entre otras medidas, la compra adicional de activos en una cuantía de 120.000 millones de euros durante 2020, “el deterioro de las condiciones financieras del área se moderó temporalmente, pero posteriormente siguió profundizándose, al mismo tiempo que se hacía cada vez más patente el alcance de la crisis y sus potenciales efectos económicos”.
En este contexto, el Banco de España cree que el nuevo paquete de medidas aprobado por el BCE “con el fin de contrarrestar los graves riesgos de la zona del euro, derivados de la creciente propagación del Covid-19” puede reactivar la economía con esa inyección de 750.000 millones de euros hasta fin de año, que “puede prolongarse más allá de esa fecha si fuera necesario”. Este dinero será utilizado para comprar tanto deuda pública como privada y “se llevarán a cabo de manera completamente flexible, tanto en lo que se refiere a su distribución temporal como a los activos que se adquirirán bajo el programa. Esta flexibilidad es esencial para evitar eventuales deterioros adicionales de las condiciones financieras del conjunto del área y de los distintos países, y preservar así la correcta transmisión de nuestra política monetaria”, explica De Cos, que ha anunciado que el BCE “está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para defender los intereses de la ciudadanía europea. Esto implica que podría aumentar el tamaño o la duración del programa así como su composición si fuera necesario”. En ese sentido, advierte de “que los límites autoimpuestos en los programas de compras podrán relajarse si se considera necesario para el cumplimiento de nuestro mandato. No toleraremos la fragmentación de nuestro mecanismo de transmisión en ninguna jurisdicción del área del euro”.
Aunque el Banco de España reconoce que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea han adoptado importantes medidas presupuestarias de apoyo a familias, autónomos y empresas “que deberían amortiguar de manera sustancial el impacto de esta crisis”, advierte de que “la dimensión de la perturbación hace necesaria una mayor ambición de las políticas fiscales europeas comunes, a través de las herramientas existentes para tal fin (MEDE, BEI, presupuestos de la UE…) u otras nuevas que pudieran complementar a estas” -por ejemplo, a través de un refuerzo de las herramientas comunes de compartición del riesgo presupuestario de los países individuales-. “Una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción; es una necesidad”, conluye De Cos.
