El Banco de España celebra que el mercado español haya mostrado un gran dinamismo en los últimos años, pero alerta de la baja productividad, que «apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia»; de una tasa de paro que «sigue siendo excesivamente elevada» y que provoca que el mercado de trabajo muestre «síntomas de tensionamiento similar a los de otros países con tasas de desempleo inferiores»; de la falta de mano de obra, «que limita la actividad productiva»; de la disfunción entre la oferta y la demanda en sectores estratégicos y, finalmente, del excesivo nivel de protección del desempleado, «que no lleva aparejadas efectivas políticas activas de empleo» y de un SMI que ha subido un 54% desde 2018 sin haber tenido en cuenta las circunstancias económicas de las empresas.
Estas son las principales conclusiones del «Informe anual 2023» del Banco de España, que ha dedicado su capitulo 3 al empleo, y en el que pese a reconocer el vigor observado en la creación de empleo, recuerda que la tasa de paro sigue siendo «excesivamente elevada» -el doble que en la UE-, pese a que las empresas declaran que la falta de mano de obra es uno de los principales factores que limitan su actividad productiva.
En cuanto a las políticas pasivas de empleo, también detecta disfunciones, por lo que el supervisor reclama una reforma «profunda», que debería introducir cambios en la duración de las prestaciones y los subsidios, «condicionados al ciclo económico», y con «sendas decrecientes en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección ex ante». Por tanto, las prestaciones por desempleo «deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral».
De este modo, el Banco de España apunta que las «elevadas indemnizaciones por despido» existentes en España junto a unas «generosas prestaciones por desempleo» estarían asociadas a un nivel de desempleo estructural alto, situado entre el 11% y el 12% de la población activa, el doble que en la UE, apuntó Ángel Gavilán, director de Estadística del supervisor bancario, que reclamó mejores políticas activas y pasivas de empleo porque «los incentivos a la búsqueda de empleo no están suficientemente alineados», por lo que las transiciones de trabajadores desde el desempleo hacia el empleo son reducidas. Asimismo, unas prestaciones por desempleo muy orientadas a incentivar la búsqueda de empleo «no serán ni suficientes ni eficaces para alcanzar dicho objetivo si las políticas activas de empleo no contribuyen eficazmente a incrementar la empleabilidad de los trabajadores», critica el informe.
Según explica, la tasa media de sustitución de las prestaciones contributivas por desempleo -en relación con el salario neto anterior- se sitúa entre el 60% y el 80%, lo que supone una de las tasas más elevadas entre los países de la OCDE y de las más extensas, ya que la duración máxima de las prestaciones, en su modalidad contributiva, es de 24 meses, pero en determinados casos la «duración de la prestación asistencial por desempleo es ilimitada».
También los analistas del Banco de España tienen sus dudas sobre el despegue que el Gobierno ha dado al salario mínimo interprofesional (SMI), que certifica que habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio recomendados por la directiva del Parlamento y del Consejo Europeo sobre salarios mínimos adecuados en la UE. Desde 2018 se ha incrementado un 54%, por lo que el informe sugiere que tanto las prestaciones como el SMI deben adaptar su incremento «a la situación económica» del momento. En conjunto, el crecimiento de la remuneración por asalariado, unido al débil comportamiento de la productividad, «ha impulsado los costes laborales unitarios por encima de los observados en el resto de los países de la UE».
También ve problemas en las políticas activas de empleo. Así, tanto la participación de los desempleados en estas políticas como el gasto en ellas «son reducidos en España cuando se ponen en relación con la tasa de paro», apunta el informe, que critica que tienen una reducida cobertura de los trabajadores desempleados y una «muy baja participación» de los servicios públicos de empleo, tanto del SEPE y como de los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, en la «intermediación de nuevas colocaciones y en la formación ocupacional por una insuficiente evaluación de sus resultados».
Por ello, Gavilán reclama a estos Servicios de Empleo «introduzcan técnicas de diseño de perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los puestos de trabajo disponibles para facilitar la identificación de las necesidades de formación de los desempleados y su adecuación a los cambios en la demanda». Asimismo, las políticas activas del mercado de trabajo (formación e intermediación laboral) son especialmente necesarias para «acomodar los efectos disruptivos de los cambios tecnológicos sobre el empleo y para aumentar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad».
También cree que hay otros aspectos del marco institucional del mercado laboral español que deberían reconsiderarse para «facilitar un ajuste eficiente de la oferta y de la demanda de trabajo» a los retos, de gran calado, que implican los profundos cambios tecnológicos y demográficos en curso, y que debería fomentarse el alargamiento de la vida laboral «mediante la eliminación de distintos elementos que están contribuyendo a expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad».
