Según información publicada hoy por diversos medios el Comité de Dirección del BBVA planteó a su presidente Francisco González la necesidad de abordar el «tema Ausbanc» (Asocación de Usuarios de Servicios Bancarios), y según unos documentos a los que ha podido acceder, se celebró una reunión con su posterior acta de marzo del año 2012, que se contradice con lo que han comunicado González y el BBVA desde entonces. El documento principal muestra el acta de una reunión celebrada el 5 de marzo de ese año, donde se plantea que «la dirección del BBVA planea informar sobre este asunto a Francisco González, y el exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano». En el apartado 2, llamado «BR Presidente», el punto 4 se resume con «Ausbanc» (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios).
Mientras se desconoce el resultado de la investigación interna del BBVA sobre esta cuestión, iniciada hace más de un año, la Justicia sigue avanzando a su ritmo, de manera inexorable. Tras la declaración de Villarejo el pasado miércoles 10 de julio, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido pedir la imputación del BBVA. Villarejo ha dejado claro que fue la entidad la que le pagó por unos servicios, que no han quedado claros cuáles fueron, pero es un paso suficiente para considerar que el banco pudo haber cometido un delito por contratar de manera irregular a un funcionario público en activo.
Al margen de que hubiera sido Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA, el que le firmara las facturas, el pago lo realizaba el BBVA como entidad jurídica, según las facturas que se han publicado en diferentes medios.
El banco ha admitido haber pagado más de 10 millones de euros al expolicía entre 2004 y 2018. La futura imputación de Anticorrupción abarcará los últimos ejercicios, es decir, una vez que Carlos Torres, actual presidente, ocupara el puesto de consejero delegado, cargo al que accedió en 2015.
No obstante, la sola imputación de la entidad financiera en el caso Villarejo no implica automáticamente la de Torres, entonces número dos del BBVA, hasta que no se demuestre su relación directa con estos pagos, si es que la hubo. Este es un primer movimiento de la Fiscalía, que podría anticipar la imputación de otros directivos: Ángel Cano, que fuera consejero delegado (entre 2009 y 2015), ya está imputado en la causa, lo que podría anticipar que también lo estuviera en el futuro Francisco González, expresidente del BBVA entre 2000 y 2018.
Desde el punto de vista de la supervisión, el BCE entra en este asunto porque puede afectar la estabilidad financiera, ya que el BBVA es una entidad sistémica y el segundo mayor banco español. Para el organismo europeo, lo relevante son las consecuencias para el banco como institución, es decir, si perdiera negocio, tanto en depósitos como créditos, sufriera en la cotización o se viera afectado su gobierno corporativo.
En un primer momento, al BCE no le afecta que imputen a exdirectivos del banco, como Cano o, si llegara el caso, Francisco González. Lo relevante para el supervisor es que la causa alcanzara a altos cargos actuales o miembros del consejo de administración. En ese caso, sí analizaría a fondo la honorabilidad de los ejecutivos y las posibilidades de seguir adelante en sus puestos. Hasta el momento, en otros casos, el BCE ha sido tajante y ha pedido la salida de los directivos afectados para evitar problemas de reputación en los bancos.
