Sin embargo, las declaraciones realizadas por los líderes de los tres partidos ganadores no hacen pensar que el acuerdo pueda ser tan inmediato. En efecto, Casado en la noche electoral tuvo un discurso correcto e integrador al celebrar los resultados. Habló de pactos entre los tres partidos de la derecha ganadora, sin limitaciones, lo que incluye un posible gobierno tripartito. Sin embargo, parece que ahora está pensando, meramente, en un pacto con Rivera y en hacer a Abascal concesiones menores, tales como su presencia en la mesa de la Junta, nombrar a su senador autonómico y similares.
Rivera en la propia noche electoral no estuvo acertado. Fue esperpéntico al anunciar, que iba a presentar a Marín como candidato a presidir la Junta. La serie Borgen de Dinamarca, en la que el tercer partido por importancia llega a presidir el Gobierno, no es de aplicación al caso andaluz y español porque, no cabe olvidar, las elecciones autonómicas andaluzas se han realizado en clave española y, por tanto, el periodo electoral no está ni mucho menos cerrado. Hay otras elecciones en el horizonte inmediato. Rivera, posteriormente, ha empezado a recuperar el equilibrio, se ha alejado de Valls, que había vinculado a Vox con el fascismo, y ha dicho que sería irresponsable descartar un pacto de Cs con Vox y ni siquiera ha querido descartar la posibilidad de un gobierno de coalición a tres, PP, Cs y Vox.
Abascal no ha cuestionado negociar con ninguno de los otros partidos. Ha manifestado, tal vez un poco apresuradamente, que: «No tenemos voluntad de entrar en el Gobierno, no queremos consejerías ni presidir el Parlamento, sino políticas e ideas» y se ha centrado en señalar las medidas que exigiría, a un Gobierno de PP y Cs, a cambio de su apoyo. Algunas de ellas, como la reforma del Estatuto para que se califique a Andalucía como región autónoma y no como realidad nacional, son inviables en el momento presente. Sin embargo, otras son plenamente factibles. Por ejemplo, devolver las competencias de Educación y de Sanidad, como vía para que el Estado vaya centralizando estos temas que, por realizarse con 17 enfoques diferentes están planteando problemas de cohesión nacional. Por cierto, conviene recordar que esta propuesta ya la había hecho el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras del PP, el 18 de septiembre pasado, en su reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, en la que manifestó su disposición a «abordar la devolución al Estado de competencias en materia educativa, si con ello se asegura que se acaba con el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña y se consigue garantizar una educación objetiva, independiente e igual para todos los españoles». Además, Abascal propone temas de calado: cierre de la televisión pública, derogar las leyes andaluzas de memoria histórica y de género, supresión inmediata del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminar las ayudas sociales a inmigrantes, evaluar el fraude del PER, reducir los organismos superfluos de la administración autonómica y rebajar el tramo autonómico del IRPF.
PP y Cs están bastante próximos entre sí. Cooperan en otras Autonomías, tales como la de Madrid. Los dos se sienten libres del calificativo extrema derecha y pretenden jugar en otra Liga. Pero, en este va y viene de declaraciones, terminarán teniendo que llamar a Abascal y hablar con el líder de Vox, a pesar de que sea de extrema derecha. Se enfrentarán al dilema de negociar con Abascal y de llegar a un acuerdo o de echarle un órdago. Negociar con él implicará responder a sus propuestas. En algunas de ellas lo tienen fácil. En cuanto a la TV autonómica, el PP se ha mostrado de adelgazarla lo cual es uno de las acciones más fuertes que se pueden ejercer desde el sector público. (Imaginemos en qué quedarían Omnium Cultural y ANC, y tantos otros chiringuitos andaluces, si se les quitaran las subvenciones). Pero habrá que ver la normativa concreta del Consejo Audiovisual y en qué medida está ese adelgazamiento en manos del futuro Gobierno de la Junta. Igual ocurrirá con el tema de reducir los organismos superfluos, así como de desactivar la quinta columna de altos cargos que, tras sus ceses, quedarán dentro de la administración. Duro será asimismo llegar a acuerdos sobre el tema de revisar o eliminar drásticamente las ayudas sociales a los inmigrantes y las actuaciones a desarrollar ante quienes estén fuera de la ley, acampados en cualquier sitio. Igualmente será difícil acordar la evaluación del fraude del PER y de los otros EREs que se encuentren. Punto de choque, e irrenunciable para Vox, serán las leyes andaluzas de memoria histórica y de género.
En suma, PP y Cs se encuentran ante un difícil dilema. ¿Cómo lograr el apoyo de Vox y mantener a la vez una cierta distancia? Cierto es que Casado ha abjurado del 155 de Rajoy y que Cs ha dejado también de desaconsejar el uso del 155, como hacía en septiembre de 2017. Hoy son más contundentes, pero son meras palabras, no hechos demostrados. Pretenden ser opciones diferentes entre sí y de Vox. La realidad es que los tres tienen muchas coincidencias. La visión de Estado y el interés de España debería prevalecer, pero habrá que demostrarlo con los hechos. En el tema de la inmigración, varios países europeos Hungría, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Croacia y Bulgaria y posiblemente Italia rechazan firmar el Pacto Mundial de las Migraciones. Esto sintoniza mucho con Vox. ¿Qué propugnan PP y Cs? Hay otro tema interno español de gran enjundia política: ¿Van a derogar PP y Cs la ley andaluza de Memoria Histórica, de marzo de 2017? No hacerlo es seguir dando validez a Zapatero y a un enfoque sesgado de la Segunda República, Guerra Civil y dictadura de Franco. ¿Ha sido la Memoria Histórica una aportación a la convivencia democrática, que propugna nuestra Constitución en su preámbulo? ¿O por el contrario ha sido una fuente de enfrentamientos, derivada de la superioridad moral que se auto concede la izquierda? ¿Qué piensan al respecto PP y Cs?
Las propuestas de Vox, al igual que lo fue el 155, colocan a PP y Cs ante la necesidad de definir sus respectivas políticas españolas integrales, más allá de Andalucía, que influirán en próximas elecciones, tales como las municipales de Barcelona. Por su parte, Vox se enfrenta al dilema de en qué medida ceder, u oponerse, a una posible oferta conjunta que le hagan PP y Cs. ¿Estará dispuesto a renunciar a alguna de sus medidas clave, sobre inmigración, devolución de competencias al Estado en materia de educación, derogación de la Memoria Histórica, supresión de Canal Sur? No apoyar a un Gobierno de centroderecha le podría costar caro, sobre todo si de ello se derivara una prórroga del poder del PSOE en Andalucía. Pero podrían acordarse fórmulas intermedias respecto a la implantación de las citadas medidas, así como su presencia institucional en la mesa del Parlamento y su participación en un gobierno de coalición. Estar en el gobierno, en las Consejerías que se le asignaran, sería muy valiosa para demostrar capacidad de gestión, austera, eficiente y superadora de la corrupción y el nepotismo. Por otra parte, eso no impediría que las medidas que propone, y que no hubiesen sido aceptadas íntegramente, siguieran siendo parte de su programa en futuras elecciones en España.
Los tres partidos PP, Cs y Vox se encuentran ante sus particulares dilemas, pero, en todo caso, es muy de agradecer que se empiecen a plantear temas clave de la política española. ¡Bienvenidos los dilemas de fondo! Ya era hora de que el centro derecha aborde cuestiones esenciales.
