El Estado bonificará a los camiones para que usen las autopistas de peaje en quiebra

El Ministerio de Fomento subvencionará a los camiones a través de bonificaciones para que usen las autopistas de peaje, entre ellas algunas de las que están en quiebra, en los tramos en que las que coinciden con vías convencionales, con el fin de aumentar su tráfico, descongestionar las vías convencionales y disminuir los accidentes, según aseguró el el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

La medida ya se aplicó con carácter experimental en seis tramos de varias autopistas durante cinco meses en 2015, con bonificaciones que oscilaron entre un 30% y un 50% del importe del peaje, en función del tramo de la autopista a recorrer. Actualmente, el Estado y la Generalitat de Catalunya aplica bonificaciones para vehículos pesados en dos tramos (Altafulla-Villafranca del Penedés y Villafranca-Martorell) de la AP-7, paralelos a la nacional N-340, que ha supuesto una disminución de los accidentes de más del 70%.

Este es el último plan de Fomento para tratar de dar uso a unas infraestructuras de pago que, a juicio, tienen una escasa utilización, y que se agudiza en el caso de las ocho autopistas de peaje en quiebra que, tras la bancarrota de las concesionarias privadas, van a tener que ser gestionadas por el Estado con un coste aún por determinar.

En este sentido, De la Serna solo se limitó a señalar en el Congreso que tratará de retrasar y minimizar en la medida de lo posible los pagos por el rescate de las vías de peaje, aunque considera difícil la negociación con los acreedores para rebajar la factura de esa nacionalización porque gran parte de la deuda original con los bancos y concesionarias ha sido traspasada a fondos de inversión, -los denominados fondos buitre– que no son favorables a una quita.

Esa difícil negociación hace augurar a De la Serna que el coste del rescate para el Estado puede ser “objeto de litigio en los tribunales”, aunque indicó que el pago no supone un problema urgente porque sólo se tendrá que acometer a medida que se produzca el proceso de liquidación de cada una de las vías, y se resuelvan los contratos con las concesionarias.

ACS no será indemnizada por el túnel del AVE

El Estado no indemnizará a ACS y Eiffage por la rescisión del contrato de concesión del túnel de Pertús que une España y Francia por AVE bajos los Pirineos, según indicó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.

El ministro indicó que la causa de la rescisión del contrato es el “incumplimiento” por parte de las dos constructoras integrantes de TP Ferro, la sociedad concesionaria, por lo que no le corresponde indemnización alguna.

El Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, acordó rescindir este contrato a tras la quiebra de TP Ferro. El ministro de Fomento firmó en la mañana de este lunes en París el acuerdo y el contrato por el que la nueva sociedad pública se hará cargo de la conexión transfronteriza. Se denominará Línea Figueras-Perpignan (LFP) y tendrá su sede en Madrid.

La cuantía de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la que el Estado debe asumir las inversiones realizadas y no recuperadas por parte de las concesionarias es el primer nudo gordiano al que se enfrenta el Gobierno. Las empresas cifran ese rescate en 5.000 millones de euros, pero el Gobierno quiere reducir la factura a la mitad, negociando con los acreedores una importante quita.

Montoro quiere que cueste la mitad

El más interesado en que se realice esa negociación con éxito es el Ministerio de Hacienda cuyo titular, Cristóbal Montoro, dejó caer la semana pasada en los pasillos del Congreso, a preguntas de algunos  periodistas, que la factura del rescate, tras esas quitas, será de en torno a 2.000 millones de euros. Pero no parece que los fondos de inversión, que han comprado la deuda a los bancos con importantes descuentos a la espera de las indemnizaciones, estén por la labor de aceptar esas quitas

“Es un procedimiento judicial, no existe decisión política, sino que estamos sometidos a la situación en que se encuentran estas autopistas, que están ya en un proceso de liquidación. (…) Se llegue o no a un acuerdo con los actuales propietarios lo que tenemos que hacer es trabajar para que la afección al conjunto de los ciudadanos sea el mínimo posible, aunque reconoció que es “francamente difícil llegar a un acuerdo”, dijo el ministro.

Las ocho concesiones en concurso de acreedores son las Radiales de Madrid 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-41, la AP-36 y dos tramos de la AP-7 (Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante). Solo las radiales 3 y 5 tienen fecha de liquidación (el 1 de julio de 2017). El resto está pendiente de las resoluciones judiciales.

De la Serna indicó que la causa de la quiebra de las autopistas se ha debido tanto por la caída del tráfico (45% entre 2008-2012) como por el sobrecoste de las expropiaciones, que ha sido de 2.200 millones frente a los 400 millones previstos.

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