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El Estado recauda dinero de las empresas para formación de empleados pero no lo gasta: urge un cambio de sistema

¿Alguna vez ha recibido algún curso de formación en su empresa? Y, si es así, ¿le ha servido para algo? ¿Ha aprendido? ¿Le ha servido para mejorar sus facultades profesionales? Y no hablemos si ha estado o está en el paro, los cursos que se ofertan, si es que le ofrecen dejan bastante que desear.

Pero es un derecho que tienen tanto empleados como desempleados, más que nada porque pagan esa 'formación' con su cotización a la Seguridad Social, al igual que lo hacen las empresas.

Pero el Estado, que es quien tiene que ofrecer esos cursos, no se gasta el dinero en ello. De hecho, se acumulan 2.365 millones de euros sin gastar desde 2015 a 2020, según cálculos de la CEOE, pues cada año se quedan unos 600 millones sin ejecutar. De hecho, se estima que en 2021 y 2022 ese remanente ascenderá a 700 millones.

Según la ley actual, el Estado se encarga, a través del SEPE de cada comunidad autónoma, de gestionar esa formación para empleados, pero visto lo visto, no se hace muy bien. Es más, parece que hasta se ignora.

En teoría, la ministra Yolanda Díaz ha convocado a empresarios y sindicatos en las próximas semanas para tratar este tema, pues parece ser que se podría cambiar esa ley que se aprobó en la última legislatura del PP.

¿Pero qué modelo podría funcionar?

Es, por tanto, más que evidente que el modelo actual de formación profesional no funciona. Ni empleados ni desempleados están recibiendo una formación de calidad, la cual pagan ellos y las empresas.

Y la verdad es que urge bastante en España, porque los trabajadores están más desactualizados que en el resto de Europa. Y si quieren mejorar sus habilidades laborales se suelen pagar ellos de su bolsillo la formación.

Por lo tanto, este cambio de sistema que se necesita tendría que ir dirigido a darle a cada empleado las herramientas que necesita para mejorar en su trabajo. Algo que un partido ya propuso hace tres años para las elecciones y podría rescatarse.

Ciudadanos llevaba en su programa de 2019 una nueva política de formación de los empleados. Para ello querían dotar a los servicios públicos de empleo "de un sistema de perfilado estadístico y orientación laboral individualizada para adecuar la formación a las necesidades de cada desempleado y no de los sindicatos".

Es más, habla directamente de "fraude de los cursos de formación" (ya sabemos todos lo que ha pasado en algunas regiones...), y propone erradicarlos poniendo los recursos de formación directamente en manos de los empleados y desempleados. Para ello propone la implantación de
“cheques-formación” para que estos puedan elegir directamente dónde. y cómo formarse. Además también hablan de premiar a los centros que tengan mejores resultados formativos (suponemos que los que logren que sus alumnos consigan trabajo antes, etc.)

Una idea que es bastante buena y que debería tenerse en cuenta, que cada persona gestione su derecho a formación, que sean sindicatos y organismos los que se encarguen de esto pues ya hemos visto que ofrecen formación a granel, desactualizada y escasa. Y eso redunda después en la calidad de nuestros empleados y, finalmente, en la de la economía española.

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