Pedro Sánchez es consciente de los problemas que afronta. Necesita aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, además, cuadrar las cuentas. Eso significa reducir gastos o aumentar los ingresos. El futuro de los Presupuestos no está despejado todavía. Oriol Junqueras lo dejó claro en la entrevista de Évole en La Sexta. El inquilino de La Moncloa, tras reunirse con Quim Torra en Barcelona, visitó la sede de la patronal catalana Fomento del Trabajo, que preside Josep Sánchez Llibre. No hubo discursos, sino una conversación en corrillos con medio centenar de empresarios “¡Ojo con los impuestos; ya vamos bien servidos!”, le dijeron algunos mientras inquirían por los Presupuestos. El presidente del Gobierno, como siempre, estuvo optimista, pero admitió que sabe que Torra “nos montará un follón” cuando le convenga y también se lo organizará a ERC. Eso complica el futuro y hace que, como ironiza un empresario, “ahora, en Cataluña, una hora es medio plazo, y una tarde larguísimo plazo”.
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Desde que fue investido, Sánchez ha sido muy prudente sobre el calendario de los Presupuestos. Habló del verano y, la semana pasada, Montero, la ministra de Hacienda apuntó a finales del verano, mientras la vicepresidenta Calviño asentía. Unos lo interpretan como prudencia; otros, como resignación, porque la volcánica Montero también dejó claro que hasta que el Gobierno no tenga todos los apoyos –los votos de ERC, en definitiva– no enviaría nada al Congreso.
En La Moncloa, Sánchez y su protoestratega Iván Redondo han encargado un “plan B económico” por si acaso, también en la filosofía de que “una hora es medio plazo”. Los Presupuestos de 2020 tienen un problema adicional. Si se cumple el calendario previsto, reafirmado por Montero, no entrarían en vigor hasta el cuarto trimestre del año. La ministra de Hacienda afirmó con contundencia que en ningún caso se aplicarían subidas de impuestos con carácter retroactivo. Significa que tampoco habría aumentos notables de la recaudación –ingresos– hasta los tres últimos meses del año. Solo entonces podrían actualizarse –subir– las retenciones del IRPF, aunque el fisco debería afinar para evitar mayores devoluciones en la declaración de mediados de 2021. El Gobierno aprueba hoy nuevos gravámenes como la tasas «Google» y «Tobin», en busca de 2.000 millones de euros, pero como la ministra Calviño también ha descartado su aplicación retroactiva, los ingresos –en el caso dudosa de que sean significativos– se retrasarán meses. Es decir, hará falta allegar más recursos, sobre todo con los objetivos de gasto anunciados y sugeridos, como la renta universal que Iglesias pretende aplicar cuanto antes, aunque fuera parcialmente.
Pedro Sánchez, sin complejos, ha barajado con sus ministras Calviño y Montero una prórroga presupuestaria si no hay garantías de una mayoría para alumbrar los de 2020. El ministerio de Hacienda, de hecho, ya publicó en el BOE el 23 de enero, una Orden Ministerial que “adopta una serie de medidas de gestión del gasto público (…) en el escenario de una prórroga de los Presupuestos del Estado vigentes”. La prórroga sería un fiasco político para Sánchez, pero quizá también un éxito económico. Sería la coartada perfecta para dilatar proyectos que requieren aumentos fuertes de gasto. Es el “plan B económico” del presidente, que se complementa con la preparación –requieren tiempo y pedagogía– de otros planes, aunque los efectos económicos del “coronavirus” podrían servir de coartada. A falta de una reforma fiscal profunda, las únicas vías para recaudar mas –y gastar en la misma medida-–es subir el IRPF, no solo a los “ricos” sino a la clase media y, aunque son palabras mayores para la extrema izquierda, subir el IVA que se deja de recaudar, por los beneficios fiscales que se aplican al gravamen, más de 40.000 millones al año, según un informe del Banco de España. Es una medida demonizada por la izquierda, pero también el secreto del éxito fiscal de los países nórdicos tantas veces puestos de modelo. Economistas socialdemócratas como José Carlos Díez lo apuntan como hipótesis. Carlos Martínez Mongay, director general adjunto de Asuntos Económicos de la Comisión Europea –ex-jefe de Gabinete del socialista Almunia cuando fue vicepresidente europeo– sugería en “El País” «mejorar la eficacia recaudatoria del IVA, aumentar la progresiviadad del IRPF y revisar cotizaciones». Es decir, subir todos los impuestos. Lo mismo apuntan los informes de Airef, cuyo ex-presidente, José Luis Escrivá, es ahora ministro. El equipo económico de La Moncloa, en el que de alguna manera –en el entorno de Iván Redondo– sigue David Fuentes, traductor de Piketty, siempre han rechazado alzas del IVA, pero también admiten que hacen falta ingresos. El Gobierno, con discreción, ha empezado a sondear a algunos sectores, el hotelero entre ellos. Las reacciones iniciales han sido negativas, pero también hay empresarios que creen que siempre será mejor pactar que esperar a que llegue una imposición por decreto. Sánchez, en definitiva, afronta el dilema de que está obligado a luchar por los Presupuestos de 2020, aunque quizá le convendría prorrogar los de 2019. Luego, tras las elecciones catalanas, aprobaría los de 2021 y eso le garantizaría agotar la legislatura y ganar tiempo para hacer la pedagogía necesaria si se ve obligado, como dicen la mayoría de expertos, a subir el IVA, la única garantía de recaudar significativamente más. Tiempo al tiempo.
