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El Gobierno margina a las regiones díscolas en los fondos eléctricos: castigo a Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que es necesario duplicar la inversión en redes eléctricas de aquí a 2040 para poder cumplir con los objetivos climáticos y garantizar la seguridad de suministro, uno de los principales riesgos para la electrificación verde emprendida por Europa. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado 321 millones de inversión para ampliar la red de transporte de energía en su plan «Planificación de Electricidad con Horizonte 2026» aunque en un principio se preveían 931 millones. El reparto de estos fondos ha desatado alegaciones de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, que se sienten agraviadas porque con el 18% de la población nacional a Andalucía le corresponden solo un 2% de los fondos, unos seis millones de euros, pese a que gestiona el 20% de los proyectos renovables en tramitación.

Andalucía ha duplicado en apenas cinco años la potencia renovable instalada, hasta cerrar 2023 con 11.800 megavatios (MW) verdes. Sin embargo, la densidad de la red de transporte por habitante está un 42% por debajo de los valores medios peninsulares, con 712 kilómetros de red por millón de habitantes frente a los 1.231 kilómetros de media, según datos a cierre de 2020.

En el caso de Madrid, que no recibirá ni un euro, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera un agravio el reparto diseñado por la ministra Teresa Ribera a pesar de los proyectos de Data Center previstos, que implican gran consumo eléctrico y que llevan aparejadas ingentes inversiones y creación de empleo.

El Gobierno había anunciado que destinaría 931 millones adicionales para financiar parcialmente el coste de actuaciones en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026. Una inversión que se hará con cargo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Inversión 14 del Componente 31, ligado a los fondos RePowerEU), aprobada el pasado mes de octubre por la Comisión Europea. Pero, por ahora, solo ha aprobado modificaciones para esta planificación que requieren una inversión de 321,2 millones de euros, dejando 609,8 millones sin utilizar.

Pero a las quejas de las comunidades del PP, incluidas Murcia y Castilla y León, se añaden también las de Castilla- La Mancha y Asturias, que exigen más inversión en redes de transporte para satisfacer la demanda eléctrica de proyectos que, como los centros de datos o los electrolizadores para producir hidrógeno verde, necesitan de una ampliación de la red y de nuevos puntos de conexión.

Lo cierto es que la última reunión dejó malestar en casi todas las regiones. En el caso de Castilla y León, excluida también de las nuevas inversiones en infraestructura eléctrica, la falta de fondos en redes eléctricas mantiene paralizados 12.500 millones de euros en actuaciones empresariales, según su gobierno regional. Los 34 proyectos presentados por Castilla y León fueron rechazados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por su parte, el titular de Medio Ambiente de Murcia lamentó que el Ministerio no afronte las necesidades de la región ni su desarrollo industrial, y solo prevea destinar 1,1 millones de los 321,2 presupuestados, el 0,34%.

Castigo a Page

Pero tampoco en Castilla-La Mancha han sentado bien los planes de Ribera. Así, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, consideró injusto que «generemos e instalemos energía renovable suficiente para autoabastecer nuestra demanda eléctrica, que exportemos a la Red de la que se benefician otras comunidades vecinas y que no tengamos la red necesaria que debe soportar el suministro de los grandes proyectos que llegan a nuestra región». Los planes de Ribera parece que castigan a la región que gobierna Emiliano García-Page a pesar de que Castilla-La Mancha acabó el año liderando la instalación de la nueva potencia eléctrica renovable en España, con el 84% de la energía instalada procedente de fuentes renovables, 22 puntos por encima de la media nacional, según datos del gobierno regional castellanomanchego.

Igualmente, Asturias ha pedido un refuerzo de las infraestructuras eléctricas del Principado para atender las necesidades de la industria en la comunidad.

El temor de muchas regiones es que los fondos se repartan de forma desigual en función de criterios políticos y que se favorezca particularmente a Cataluña, necesitada de un giro radical en su entramado energético ya que los tres reactores nucleares catalanes (Vandellós II, Ascó I y Ascó II) son responsables del 59% de la energía consumida en Cataluña.