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El Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de Telefónica

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que el Gobierno pedirá un asiento en el consejo de administración de Telefónica en el marco del mandato realizado por el Ejecutivo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente del Ministerio de Hacienda- el pasado diciembre de adquirir hasta un 10% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en la cadena de televisión «La Sexta» y recogida por Europa Press en la que, al ser preguntado sobre si la intención del Gobierno es pedir un asiento en el máximo órgano de decisión de Telefónica, ha señalado que «sí», «por supuesto».

No obstante, Cuerpo no ha desvelado si el Ejecutivo ya tiene a alguna persona en mente para formar parte del consejo de administración de la operadora en representación de la SEPI. «No me corresponde a mí», se ha limitado a señalar.

Por otro lado, y acerca de la posibilidad de que el Estado pueda entrar en otras empresas como Talgo -la cual ha recibido una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon)-, Cuerpo se ha limitado a subrayar el carácter estratégico de Telefónica. «Creo que la reflexión en torno a nuestras empresas estratégicas no tiene tanto que ver con la presencia del Estado o no. Esto es más una discusión de los años 90. Yo creo que aquí es una discusión relativa a la defensa de los intereses estratégicos de las empresas españolas. Y en este caso, en Telefónica, que esté el Estado. Es un socio estable, de largo plazo, es una buena noticia». ha resaltado.

Compra del 3%

El pasado 25 de marzo la SEPI comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de un paquete accionarial de Telefónica equivalente al 3,044% del capital social de la compañía que, a precios de mercado, habría tenido un coste de unos 700 millones de euros. El Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la SEPI para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El mandato del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital social de Telefónica se produjo como reacción al sorpresivo desembarco del operador saudí STC -controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund)– en el accionariado de la operadora el pasado septiembre. En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros, en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

Fuentes del mercado han señalado a Europa Press que la SEPI tendría aparcado otro 2% más del capital social de Telefónica en derivados financieros y que, en principio, la intención sería aflorarlo «en breve». Con ese 2% adicional la participación del Estado en la compañía se situaría en el 5%, un peso en el capital social de la teleco similar al que tienen ahora mismo Caixabank (si se suma la participación de CriteriaCaixa) y BBVA, dos de los integrantes del denominado «núcleo estable» de Telefónica.

Junta de accionistas

En este contexto, cabe recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas, en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la «reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros». En concreto, está prevista la reelección de Isidro Fainé, José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica María Pascual y Claudia Sender, así como la ratificación de Solange Sobral y Alejandro Reynal, estos últimos dos nombrados el pasado 13 de diciembre.

El reglamento de la junta de Telefónica estipula que los accionistas que representen al menos un 3% del capital social de la empresa pueden solicitar un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día -aunque no podrían ser modificaciones que implicasen nombrar consejeros-. Sin embargo, esa petición debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. Por lo tanto, ese plazo de cinco días ya ha expirado debido a que la convocatoria se publicó el pasado 8 de marzo, por lo que la junta no podrá nombrar consejeros distintos a los que ya figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día.