Los altos funcionarios del Estado han trasladado al Gobierno su «preocupación» por la inclusión en la tramitación parlamentaria de la ley de Función Pública de una disposición adicional que abre la puerta a que el Gobierno pueda «crear, modificar o suprimir» cuerpos de la administración por «decretazo».
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) ha remitido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la que transmite su «total oposición» a la inclusión de la disposición adicional séptima.5 en la que se establece que «se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes. Transcurrido dicho plazo, la creación, modificación o supresión de los cuerpos y escalas sólo podrá realizarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley».
Los altos funcionarios recuerdan que, aunque el artículo 9.2 del proyecto de ley exige la aprobación por ley de estas modificaciones en los cuerpos del Estado dada la relevancia que supone la creación, modificación o supresión de cuerpos y escalas de la Administración, en virtud también del artículo 103 de la Constitución, ese plazo previo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley abre la puerta a una «deslegalización temporal», que permite alterar los cuerpos de la administración por real decreto.
Fedeca considera que esta situación no está justificada ni en la exposición de motivos ni en el propio articulado del proyecto de ley y recuerda que anteriores cambios fundamentales en la configuración de los cuerpos administrativos se han aprobado por ley, como la reforma de la Función Pública de 1984.
Los altos funcionarios consideran que cualquier alteración en este sentido debe hacerse por ley ya que los cuerpos administrativos y, en especial, los cuerpos superiores de la AGE tienen potestades públicas y funciones sancionadoras, y son garantía de legalidad y seguridad jurídica.
Ante esta situación, Fedeca ha solicitado una reunión urgente con la ministra Montero.
