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El Gobierno reinicia la tramitación de la ley que permitirá establecer peajes urbanos y que afirma ahorrará 8.000 millones en gasto público

La ley que habilitará a los ayuntamientos a implantar si así lo desean peajes urbanos reinicia su tramitación. Tal y como avanzó semanas atrás, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura, comprometiéndose ahora a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024 tras las incorporaciones parlamentarias. Para hacerlo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado de que se recurrirá a la vía de urgencia para su tramitación dado que, de no llegar en plazo, España perderá parte de los fondos europeos.

El anteproyecto aprobado hoy abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer peajes para acceder al centro de las ciudades. La nueva Ley de Cambio Climático establece que, antes de que terminase 2023, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y aquellas que muestran insuficiente calidad del aire deberían crear zonas de bajas emisiones (ZBE), si bien muchos de los municipios afectados no han cumplido con esta obligación. La Ley de Movilidad recoge que para reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libre de humos y congestión”, se permitirá “crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor”. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer “una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones”. Para crear esta tasa, es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permitirá garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

Las «Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones» redactadas por el Ministerio de Transición Ecológica recogen al respecto de estas tasas que «el acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede además variar en función de las condiciones del vehículo, en función del principio de quien contamina, paga». A renglón seguido, las directrices argumentan a favor de estas tasas asegurando que «el peaje aparece como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, puesto que traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía». El ministerio considera que el peaje urbano «genera un flujo de ingresos económicos constante que puede sustentar actuaciones persistentes en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal, en el desarrollo de infraestructura ciclista y para el transporte público, así como la mejora del servicio de transporte público». En este sentido, concluye, «es una medida que ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de movilidad».

Críticas

Al término del Consejo de Ministros, Puente ha incidido en que aunque la ley no obliga a la implantación de estos peajes, sí establece el marco que permite a los ayuntamientos establecerlos, algo que, según ha dicho, han reclamado porque se necesita de una estructura legal que no había y que la Ley de Movilidad habilita.

Puente se ha mostrado contrariado al abordar el asunto de las ZBE – en las que Transportes ha invertido ya 1.500 millones, según ha dicho- y los peajes porque, según ha explicado, España es el único país de la UE donde se están destruyendo carriles bici para entregar el espacio de nuevo a los coches. «Sólo ocurre aquí que una vez que hay un carril bici se destruya para devolverlo al coche como ocurre en Logroño, Elche, Valladolid y Valencia». Y eso, ha dicho, es culpa del PP por pacta gobiernos locales con Vox.

Además de permitir la creación de estas tasas, Puente ha explicado que con esta ley, se pretende reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector. De esta forma, su ambición es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en ese mismo periodo de tiempo. «Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios», ha explicado.