El Consejo de Ministros celebrado hoy ha aprobado nuevas medidas para frenar el impacto de la crisis sanitaria en la economía y el empleo. La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de concretar las características de los avales públicos a las líneas de liquidez de las entidades financieras, con un primer tramo por valor de 20.000 millones de euros (de los 100.000 millones aprobados ya), especialmente dirigidos a pymes y autónomos -ya se ha pedido a las entidades bancarias que liberen ya los fondos porque tiene carácter retroactivo, porque el Gobierno garantiza el 80% de la financiación-. También se han aprobado otras medidas menores como una mayor flexibilización de los ERTE para facilitar el acceso rápido a las prestaciones para los trabajadores, incluidos los fijos-discontinuos, los que iban a ser contratados para las campañas turísticas de Semana Santa y verano, y que se han quedado en el camino; y el acceso directo al cese de actividad para que pymes y autónomos puedan cobrar con rapidez y sin trámites la prestación. También, Hacienda ha aprobado un fondo especial para las comunidades autónomas de 300 millones destinado a reforzar actuaciones sociales y atención a las familias, mayores, personas dependientes y familias monoparentales y se han habilitado otros 25 millones destinados a la infancia en situación de pobreza y exclusión social.
Nada se ha anunciado sobre su principal preocupación en estos momentos, la suspensión de la cuota del mes de marzo y de las autoliquidaciones del primer trimestre, que Hacienda mantiene pese a la petición de aplazamiento hasta julio de los 3,2 millones de autónomos que, asegura, son incapaces de formalizar en su actual situación. “El Gobierno aprobó ya sus compromisos fiscales del IRPF y el IVA”, dijo la ministra de Hacienda. “Los autónomos ha sido precisamente el colectivo en el que hemos puestoun mayor interés en solucionar sus problemas y creo que lo hemos hecho”. Muy poco para lo que los ciudadanos esperaban para hoy, como las ayudas directas a los colectivos vulnerables -a través de una renta mínima- y para los que tengan dificultades para pagar el alquiler, que se han aplazado hasta la semana que viene por incapacidad técnica para autorizarlas -como ya adelantó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos-. También se sigue esperando que se cristalice la ayuda para los padres que tengan que quedarse en casa, sin posibilidad de teletrabajar o que hayan reducido su jornada laboral, por el cierre de colegios por el coronavirus, anunciada hace dos semanas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que todavía no se ha hecho efectiva. Aducen que esta medida necesita la colaboración y el reparto de recursos con las autonomías y los entes locales.
Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron a LA RAZÓN que, como en anteriores consejos, se mantiene el fuerte debate interno entre las dos formaciones que forman la coalición gubernamental. Por un lado, Podemos, con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias a la cabeza -que ha conseguido incluso el respaldo de parte de algunos ministros socialistas-, pretende multiplicar las ayudas directas a los ciudadanos y que se apruebe ya una renta mínima para personas sin ingresos, que se dé luz verde a la moratoria en el pago de alquileres para los más vulnerables y que se restrinjan al máximo las actividades económicas, algo a lo que el núcleo duro cercano al presidente Pedro Sánchez se ha negado de momento, porque las medidas que se han puesto en marcha “son de las más restrictivas de la Unión Europea”, dijo ayer la vicepresidenta Nadia Calviño, epicentro de la barrera de contención a las exigencias de los ministros podemitas.
Las medidas de hoy se han sumado a las ya aprobadas hace una semana en el real decreto-ley de medidas urgentes, en vigor hasta que dure el estado de alarma. Este decreto contemplaba la movilización de 200.000 millones de euros -de los cuales 117.000 millones de euros serán aportados desde el sector público y el resto desde el privado-, una moratoria hipotecaria durante un mes para trabajadores afectados por los ERTE o el cierre de sus negocios, la flexibilización en los expedientes de regulación de empleo para facilitar las prestaciones, el aplazamiento y fraccionamiento de algunos obligaciones tributarias por un plazo de seis meses sin intereses -no es el caso de los autónomos-, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez de disposición de pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia.
