El pasado martes 9 de enero, Rodrigo Rato abrió el turno de comparecencias en la Comisión del congreso de los diputados encargada de investigar la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, con el fin de dilucidar las responsabilidades y el papel jugado por los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero en la gestación, eclosión y gestión política de la crisis económica.
El protagonismo de Rodrigo Rato en la crisis económica se divide entre su etapa de vicepresidente económico de los gobiernos de Aznar (1996 y 2004); la de director gerente del FMI, justo los años que precedieron el estallido de la crisis (2004-2007); y la de presidente de Bankia, entidad que representa como ninguna el expolio que se ha hecho de las cajas de ahorro en este país y que se convirtió en el principal exponente del rescate financiero.
Rodrigo Rato tiene procesos penales abiertos que abarcan los tres periodos. Aunque los referentes a su etapa de ministro no lo sean en relación a su gestión política, sino a un presunto blanqueo de dinero.
Sin embargo, a mí me interesa analizar esa gestión ministerial y el nefasto legado “legal” de Rato por la transcendencia que ha tenido no sólo en la virulencia de la crisis económica en España, sino en nuestro modelo económico y la legitimación social y política del mismo.
Cuando escuché la comparecencia de Rato aún tenía fresco el informe sobre la Desigualdad Global 2018 de The World Wealth and Income Database que presenta proyecciones de la evolución de la desigualdad de ingreso y riqueza hasta 2050.
En este breve informe hay gráficos sencillamente espectaculares sobre la evolución de la desigualdad económica en estas últimas décadas y las proyecciones que vaticinan por poner algún ejemplo, una creciente polarización y la posible desaparición de las clases medias. Mirando los datos sobre lo brutalmente que ha avanzado la desigualdad en EE.UU desde los años 80, se entienden muchas cosas sobre la desesperación de amplias capas de la población norteamericana y su reciente comportamiento político. Pero también podemos aprender muchas cosas sobre España.
En este informe, la evidencia estadística y los análisis que de esta se derivan, suelen tomar a Europa como unidad de análisis en los gráficos y solo a veces se individualizan algunos países europeos en función de la magnitud del fenómeno que se comenta. Pues bien, España solo se singulariza en el gráfico de una medida poco conocida: la de la evolución de la riqueza privada frente a la pública. Ese indicador es importante en tanto que por ejemplo una pérdida de riqueza pública limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, lo que sin duda tiene implicaciones en la desigualdad de riqueza de los individuos. No en vano, la conclusión de los más de 100 expertos y expertas en desigualdad sobre su situación y prospección hacia 2050 contenida en este informe es que solo mayores inversiones públicas en educación, salud y protección medioambiental conseguirían combatir la creciente desigualdad.
Pues bien, desde los años ochenta se observan transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza en todos los países, salvo excepciones como Noruega. Existe un traspaso de la riqueza del dominio público al privado, hasta el punto de que la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos al superar las deudas a los activos. Pero aunque se trata de una tendencia global, hay algunos países que destacan especialmente como España, donde el despegue de la curva coincide bastante con la llegada del Partido Popular al poder en 1996, la entrada en el euro y el inicio de la burbuja inmobiliaria.
Mientras que en la Comisión parlamentaria el señor Rato se ponía flores de su gestión económica, se guardaba muy mucho de contar otras cosas que también ocurrieron esos años. No sólo se cambiaron muchas reglas de juego con la aprobación de algunas leyes como la del suelo, que son básicas para entender una serie de fenómenos (la burbuja inmobiliaria, el desarrollo de una economía especulativa y un modelo económico desigual basado en un mercado de trabajo cargado de temporalidad y concentrado en sectores con pocos requerimientos de cualificación y salarios bajos) sino que también se siguió una política de privatizaciones de las empresas públicas que tuvo importantes consecuencias para las y los ciudadanos españoles.
Es cierto que las privatizaciones de empresas públicas comenzaron con los gobiernos de Felipe González, pero las joyas de la corona se privatizaron con José María Aznar. Tal y como he analizado en los capítulos de economía del libro España en Democracia 1975-2001, entre 1996 y 2004, coincidiendo con los dos gobiernos de José María Aznar y el señor Rato en la vicepresidencia económica, se privatizaron sesenta empresas públicas con un valor equivalente al 7% del PIB.
Las privatizaciones precedieron a la liberalización de algunos sectores, como el de la telefonía o la energía. Como sabemos, ya que pagamos la luz más cara de Europa, esas privatizaciones no trajeron mayores niveles de competencia y muchos monopolios fueron sustituidos por oligopolios tendentes a llegar a acuerdos colusivos en la fijación de precios y a interferir en los gobiernos para la puesta en marcha de regulaciones que les favorecieran. Estas empresas contaban y cuentan con consejos de administración plagados de políticos retirados, o a través de las llamadas puertas giratorias, con un poder de mercado poco favorable para la competencia o los intereses de los consumidores en sectores básicos.
Además, Aznar, Rato y el PP pusieron al frente de las nuevas empresas privatizadas a gestores de su total confianza política, de modo que muchas de esas empresas les ayudaron a fraguar imperios económico-ideológicos de naturaleza diferente a la pública. Este proceso favoreció una fuerte concentración económica -a pesar de que pequeños y medianos ahorradores compraron acciones de estas empresas capitalizadas a modo de capitalismo popular thatcheriano-, contribuyendo a la consolidación de grupos económicos muy poderosos que a lo largo de estas últimas décadas han sido muy influyentes en política, comunicación, cultura o construcción de pensamiento en España. Promovieron así la conformación de una mentalidad social favorable al libre mercado, que no supone para el estado sino mayores costes, burocracia y corrupción.
Además, Bruselas y Frankfurt permitieron al Gobierno de España incluir los ingresos obtenidos con las privatizaciones para cubrir el déficit. Lo que ayudó al proceso de consolidación fiscal y convergencia con los criterios de Maastricht y de entrada en el club del Euro sin que la economía española hubiera realmente convergido con otros miembros del club. Y de esa manera se puso en marcha otro de los pilares básicos de la burbuja inmobiliaria y financiera a través de la llegada de dinero barato desde los países excedentarios dentro de la zona euro. Los mismos que luego exigieron cambios constitucionales para garantizar el pago de la deuda y la puesta en marcha de medidas de austeridad que han asfixiado a la economía española y empeorado las condiciones de vida y laborales de amplias capas de la población.
Así que el legado de Rato es mucho mayor y más nefasto de lo que él mismo ha glosado en su comparecencia, especialmente su legado “legal”, el que juzgará la Historia y no los tribunales.
