Apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo (TS) recitificase su jurisprudencia sobre el pago del impuesto de las hipotecas, determinando que debe ser el banco y no los hipotecados los que tengan que pagar el tributo, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha acordado «con carácter urgente», ante la «enorme repercusión económica y social», dejar en suspenso ese «giro radical en el criterio jurisprudencial» (que conlleva que un millón de hipotecados puedan reclamar el importe de esos tributos) y que sea el Pleno de la Sala el que decida «si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado».
Hasta ese momento, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, deja sin efecto todos los señalamientos para pronunciarse sobre recursos similares que podrían beneficiarse de ese repentino cambio de criterio.
