Una vez aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, las partes afectadas comienzan a tomar posiciones en torno al real decreto-ley que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que usan plataformas como Uber o Cabify. Antaxi, organización que asegura representar a 15.000 taxistas, ha anunciado hoy que va a recurrir ante los tribunales la moratoria de cuatro años para restringir el número de licencias de estos vehículos en las ciudades que establece la norma. Por defecto, el decreto establece que los VTC son vehículos con licencia exclusiva para operar en el ámbito interurbano. Sin embargo, les otorga la posibilidad de seguir haciendo servicios urbanos durante cuatro años. Será entonces cuando comunidades autónomas o ayuntamientos decidan el número de los que pueden operar en las ciudades o, directamente, expulsarles de este ámbito. El Ministerio de Fomento ha establecido este periodo transitorio a modo de indemnización. Reconoce que los VTC que salgan de las ciudades sufrirán perjuicios en su negocio y ha calculado que este periodo les servirá para recuperar su inversión y, si así lo desean, abandonar el negocio. Antaxi no está de acuerdo con esta visión y considera que “las expectativas de un derecho no son indemnizables”.
El periodo transitorio es la principal pega que el sector del taxi le pone al decreto. Cuestiones legales al margen, consideran que cuatro son muchos años de transición para las VTC porque cuanto más tiempo se asienten estos servicios entre la ciudadanía, mayores serán las dificultades para limitar su ejercicio. Fedetaxi, la organización que asegura ser la más representativa del sector, también aseguró ayer a última hora que el plazo de cuatro años de prórroga al sector VTC “es excesivo y prejudicial para los intereses de los taxistas, al prolongar de partida la situación de desregulación actual”.
Hasta que llegue la limitación de su número, las VTC también podrían ver restringidos sus servicios respecto a como los prestan en la actualidad si las comunidades autónomas deciden acogerse a la posibilidad que les concede el decreto de legislar ya sobre este punto. La norma les habilita para que determinen las condiciones en las que podrán ser autorizados y prestar los servicios los vehículos de alquiler con conductor, incluidos aspectos como sus tarifas y horarios. También pueden delegar, si así lo estiman, en los ayuntamientos. Por este motivo, tanto Antaxi como Fedetaxi han urgido tanto a las comunidades como a los ayuntamientos a legislar lo antes posible.
