En una semana llena de sobresaltos, ha pasado casi desapercibida una noticia clave para el funcionamiento del mercado energético europeo: la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma del mercado eléctrico desmonta completamente la iniciativa regresiva e intervencionista del Gobierno de España.
Se puede resumir la propuesta de la Comisión como una reforma sensata, apoyándose en el mercado y no en la intervención del mismo. ¿Es una reforma perfecta? No, pero no es un mecanismo que desincentive la inversión y penalice a las empresas que fortalecen el proceso de transición energética y descarbonización.
La clave es que mantiene los principios fundamentales del actual diseño de mercado, en especial el mecanismo de formación de precios. En España se ha usado de manera demagógica la palabra «marginalista», ignorando que todos los mercados son marginalistas y que es lo que permite garantizar que despacha primero la generación más barata y también el «trading» en momentos de escasez. Nos olvidamos que lo más importante en energía es la seguridad de suministro y la competitividad. El intervencionismo nos cuenta la falacia de que el mercado marginalista es como «vender sardinas a precio de bogavante» y no es así. Es garantizar que hay sardinas siempre y en todo lugar. Fíjense qué curioso es que odian el mercado marginalista cuando subía el precio, pero ahora, que baja muy por debajo de los niveles preinvasión, el silencio es ensordecedor. Que en España se hayan evitado los apagones a pesar de todos los ataques a la inversión es hoy casi un milagro y demostración de que el mercado funciona.
No podemos olvidar que la Comisión Europea recuerda la importancia de mayor seguridad jurídica como principal mecanismo para atraer inversiones. Los constantes cambios regulatorios, ataques a empresas e intervenciones gubernamentales solo han llevado a entorpecer la inversión, retrasar licencias y empeorar el proceso de transición energética competitiva.
Otra clave de la propuesta es el fomento de los contratos de largo plazo para dar la estabilidad de precios que requieren los consumidores. El gran peligro de la propuesta española es que todo ello se haga desde el Gobierno, con los consiguientes impactos negativos para consumidores de largo plazo y aumento de costes y
burocracia.
La transición energética competitiva es un factor clave. Para ello se necesitan más renovables, mayor inversión en redes que permitan la mayor electrificación de la economía y su descarbonización, e inversión en almacenamiento para dar estabilidad y flexibilidad a una matriz cada vez más descarbonizada. Pero no podemos olvidar que un mix más volátil e intermitente necesita energías de base y estables que garanticen el suministro en periodos de poco viento o carga solar. De ahí la importancia de un mix energético equilibrado y diversificado que evite apagones y aproveche la energía nuclear, la hidráulica y el gas natural como respaldo y garantía de suministro.
La propuesta de la Comisión es un alivio para los que temían una deriva intervencionista que espantase la inversión. Apuesta por un marco para atraer inversión, sin medidas de intervención a futuro –que es clave para dar estabilidad- y con una mayor seguridad jurídica.
La Unión Europea debe reflexionar sobre los errores cometidos en política energética y esta propuesta es un paso en el sentido correcto: en vez de desincentivar la inversión, se centra en atraerla y además fortalece los pilares de seguridad jurídica y estabilidad necesarios para inversiones de decenas de miles de millones de euros a largo plazo.
Ninguna economía ha conseguido energía abundante y barata desde el intervencionismo, entorpecimiento y burocracia gubernamental. El daño que ha hecho la intervención ideológica, desde el desmantelamiento de plantas nucleares en Alemania a los cambios regulatorios que han debilitado el acceso a inversión, no debe
repetirse.
Si algo ha demostrado el intervencionismo es que pone en peligro lo que finge defender. Supone menos inversión, retraso tecnológico y mayores costes para
todos.
