El ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón niega que bajo su mandato el Canal de Isabel II adquiriera en 2001 con sobreprecio la colombiana Inassa por 73 millones de dólares. La defensa del ex ministro de Justicia pide al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que deje sin efecto su citación como investigado fijada para el próximo 7 de junio –y la de los ex consejeros Manuel Cobo y Carlos Mayor Oreja– hasta que el magistrado precise las imputaciones contra ellos, para no provocarles indefensión.
En el recurso interpuesto por sus abogados, entre los que figura su hijo José, la defensa de Ruiz-Gallardón critica a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por asumir como «hechos objetivos» una denuncia de la asociación de izquierdas ATTAC Madrid sobre las supuestas irregularidades en la compra de Inassa. Algo que considera «sangrante para cualquier ciudadano» y que demuestra, en su opinión, «las permeables fronteras institucionales» que frente al «populismo» mantienen la unidad policial y la Fiscalía Anticorrupción, a quienes reprocha incluso que con su asunción de esas «manifestaciones irrazonables» hayan puesto una «alfombra roja procesal» a la denuncia de la citada asociación.
Y es que para el ex presidente madrileño no hay duda de que «el ejercicio de valoración hecho por el Canal fue correcto y alejado de sobrevaloración alguna». Así lo demuestran «de forma unívoca e independiente», subraya su defensa, «todas las valoraciones posteriores a 2001» elaboradas «por distintos expertos», e incorporadas al sumario. Unas diligencias –que acumulan ya 73 tomos de pieza principal y otros doce de observaciones telefónicas– en las que, insiste, no existe «indicio alguno» de que el desembolso de 73 millones «contuviera sobreprecio alguno», salvo un informe de Cuatrecasas y las conversaciones intervenidas al ex presidente madrileño Ignacio González y su hombre fuerte en Suramérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, investigados ambos por la compra de la filial brasileña Emissao en 2013.
Asimismo, los abogados de Ruiz-Gallardón rechazan que la operación se efectuase de forma opaca –como mantiene la Fiscalía Anticorrupción– al utilizar a una empresa panameña. «Lejos de tratarse de una realidad opaca, oculta o no transparente» –aseguran– los hechos «nunca fueron objeto de ocultación alguna sino de una total transparencia y fiscalización». Hasta el punto, recalcan, que la Cámara de Cuentas madrileña «fiscalizó sin salvedad administrativa o contable alguna» el visto bueno del Canal y del Consejo de Gobierno regional.
