Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

Como señalaba Dani Rodrick, el debate sobre las consecuencias sociales y económicas del proceso de “digitalización” está muy polarizado: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman que es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

Nuestro enfoque no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones.

En primer lugar, aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí creemos que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores, y acelerarán la productividad en los próximos años (al menos en dichos sectores). Esto debemos verlo como una oportunidad: será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas. Pero también es un desafío que España debe atender con las políticas industriales adecuadas para no quedar relegada.

A su vez, este proceso puede plantear algunas amenazas, lo que requiere que se gobierneadecuadamente para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.

La amenaza que se analiza con más frecuencia es la de la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico” como consecuencia de que los robots sustituyan al trabajo humano en muchas ocupaciones. Sin embargo, como ya se ha explicado también en otros números previos de La Circular, la robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo.

Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad –asociada a la fuerte mecanización del proceso productivo–, pleno empleo y aumentos de los salarios reales, como vemos en la siguiente figura. Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica, primero, porque a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media. Además, la posibilidad de obtener la misma producción con menos horas de trabajo no tiene por qué suponer que el número total de horas de trabajo se reduzca, siempre y cuando se produzca, de forma simultáneamente, un aumento de la demanda, la expansión de nuevos sectores y, por tanto, de la actividad económica.

Productividad y empleo (1950 = 100) y tasa de paro en Estados Unidos

Fuente: Federal Reserve Economic Data.

De hecho, un aumento de la productividad supone un aumento de los ingresos de los que puede(subrayamos esta palabra) originarse esta mayor demanda. Además, en estos procesos de cambio estructural aparecen nuevas actividades relacionadas con estas tecnologías (crear, programar y mantener las nuevas máquinas) o con nuevos bienes y servicios.

La cuestión, claro, es que esto no es un proceso automático, sino que requiere políticas económicas e industriales adecuadas que el mercado por sí sólo no desarrolla. De hecho, en el gráfico anterior se puede ver también que desde principio de este siglo se ha producido, por primera vez, un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad y del empleo que no responde al carácter específico de las actuales innovaciones tecnológicas sino a la escasez de demanda agregada, fruto de la pérdida de peso de los salarios en la renta nacional y de las políticas deflacionistas aplicadas durante la crisis.

Ahora bien: que con una adecuada combinación de políticas para impulsar la reducción de la jornada laboral y asegurar un crecimiento suficiente de la demanda, los aumentos de la productividad no supongan necesariamente un aumento de la tasa de desempleo no significa que no haya grupos concretos de personas cuyos empleos y ocupaciones sí vayan a desaparecer.

El trabajo más citado en este sentido es el de C. Frey y M. Osborne, en el que se señala que el 47% de las ocupaciones están en riesgo de ser sustituidas por un proceso de automatización. Según este trabajo, los empleos relacionados con el transporte, la logística y la administración tienen mayor riesgo de ser sustituidos. Sin embargo, otros trabajos como el de M. Arnzt, T. Gregory y U. Zierahnetofrecen estimaciones mucho más bajas del volumen de empleo en riesgo: un 9% para el conjunto de la OCDE, un 12% para España. En cualquier caso, estos estudios sólo se limitan a calcular las ocupaciones que están en riesgo de ser sustituidas, pero no son capaces de estimar el efecto final sobre el empleo considerando que haya efectos de compensación en otros sectores.

Pero además de esta polarización sobre el empleo, la digitalización está teniendo ya importantes efectos en otras dimensiones, como los salarios y las condiciones laborales. Esto se está poniendo claramente de manifiesto en el caso de los trabajadores de la “gig-economy”. Esta expresión se utiliza para definir, por ejemplo, la situación de personas que son “llamadas” para realizar puntualmente una tarea concreta, aportando incluso los medios necesarios para ello (la bicicleta del “rider” de reparto), y sin que se establezca legalmente una relación estrictamente laboral con la empresa “mediadora” con el cliente final.

Este deterioro de las condiciones laborales se está produciendo también a través de vías como el fissured workplace (aumento de la distancia entre quienes realizan el trabajo y la empresa, mediante la separación y externalización de tareas que se realizan desde casa, dando lugar generalmente a un deterioro de la capacidad de los trabajadores de organizarse y a menores salarios). Otras vías, como el hierarchical outsourcing, permiten la conversión de parte de los trabajadores de la empresa en autónomos, con unas condiciones laborales similares a las de la plantilla, pero soportando gran parte del riesgo empresarial, y sin un salario fijado por convenio. La digitalización está permitiendo una suerte de retorno a las relaciones laborales individualizadas y desprotegidas propias del siglo XIX.

Si estos problemas no son abordados con medidas económicas y regulaciones adecuadas, veremos cómo los efectos globalmente positivos de los aumentos de la productividad no se repartirán de forma justa. Estamos ante un riesgo de fuerte polarización social: por un lado, personas cuyos empleos están siendo desplazados por las nuevas tecnologías, que se verán sin posibilidad de seguir obteniendo ingresos del trabajo y sumidas en situaciones de desempleo estructural. Por otro lado, otros grupos sociales que, aun conservando algún empleo, vivirán permanentemente en condiciones precarias y con bajos ingresos. Finalmente, estarán aquellos grupos sociales que se puedan ver beneficiados de estos incrementos de productividad, concentrados en todo caso cada vez en menos manos.

Como esto último no es una consecuencia inevitable de la tecnología, sino el resultado de decisiones políticas, lo que se requieren son medidas concretas para asegurar que la digitalización resulte realmente beneficiosa para la mayoría de la población. Cinco propuestas que nos parecen especialmente significativas son las siguientes:

1. Frente a la retórica de que los mayores procesos de innovación se han producido con un papel pasivo y secundario del Estado (limitado a favorecer las condiciones adecuadas), la realidad nos muestra que las administraciones públicas han asumido en muchas ocasiones el liderazgo de la innovación, y creemos que deben volver hacerlo para asegurar que España cambia su patrón de especialización internacional y abandona la estrategia de competir en sectores de bajos salarios. Esto implica organismos donde el sector público colabore activamente con el privado, y también mantener los niveles de inversión pública y gasto en I+D y educación.
2. Si la digitalización se traduce en incrementos significativos de la productividad se abre una oportunidad para retomar el proceso de reducción de jornada, que se ha interrumpido en los últimos 30 años, como defendíamos en un artículo reciente en estas mismas páginas. Esto permitiría evitar la aparición de elevados niveles de desempleo de una forma más compatible con la sostenibilidad del planeta; favorecería para la mayoría el disfrute del ocio y otras actividades no relacionadas con el trabajo asalariado; mejoraría la conciliación entre la vida laboral y los cuidados, contribuyendo a un reparto equitativo entre géneros de estos trabajos que el que resulta de la actual organización del trabajo; y, en definitiva, podría utilizarse también como una forma de compensación de la pérdida de peso de los salarios en la renta que se ha producido en las últimas décadas (siempre y cuando la reducción de jornada se produzca sin reducción salarial, claro).
3. Adicionalmente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo es necesario abandonar las políticas deflacionistas y asegurar una gestión activa de la demanda agregada, para garantizar que el nivel de actividad es suficiente.
4. Para asegurar que los aumentos de la productividad se reparten de forma equitativa es necesario restituir el equilibrio en la negociación colectiva y reforzar un marco de pre-distribución más favorable a las rentas del trabajo. Así  se vuelve a conectar el crecimiento de los salarios respecto a la productividad, de forma que se cierre el “gap” que viene produciéndose hace décadas entre ambas macromagnitudes. Esto exige igualmente reforzar las políticas redistributivas y adaptar la legislación laboral para terminar con la generalización de la precariedad de quienes trabajan en los sectores más afectados por los recientes desarrollos de la tecnología digital, como el empleo a través de las plataformas.
5. A pesar de estas políticas es probable que algunos grupos se vean afectadas negativamente por los procesos de automatización, por ejemplo por su formación o porque algunas ocupaciones se vean especialmente comprometidas. Debemos asumir la responsabilidad colectiva de establecer un sistema de Renta Garantizada que convierta ésta en un derecho ciudadano.